Juliana Arens,[1] Andrea Torricella[2] y Melina Antoniucci[3]
¿Cuál fue el rol del movimiento feminista en la oposición al neoliberalismo en Argentina en el último gobierno de alianza encabezado por Mauricio Macri? ¿En qué sentidos influyó la amplísima movilización popular feminista para combatir estas políticas? ¿Cuáles son los primeros pasos de articulación entre este movimiento y el nuevo gobierno popular de unidad peronista que se inicia? En este artículo ensayamos respuestas y analizamos algunos de los desafíos actuales del movimiento feminista argentino.
Ni una menos: de estandarte a catalizador de una experiencia colectiva
Decir que el feminismo en Argentina comienza con el movimiento Ni Una Menos es ignorar más de un siglo de historia, luchas y movilizaciones en donde las subjetividades feministas (la mayoría de las veces identificadas como mujeres) hicieron frente a la desigualdad social en todas sus facetas e intentaron acabar con ella. El Encuentro Nacional de Mujeres, único en el mundo con una trayectoria ya de 34 años, reúne anualmente a decenas de miles de mujeres y disidencias. En su seno se han gestado proyectos de ley que posibilitaron el acceso a derechos —que erosionan las desigualdades—, así como las Campañas Nacionales que articulan organizaciones sociales, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.[4] Sin embargo, desconocer el peso de Ni una menos en el contexto actual también es una mirada sesgada. Cuando en 2018 feministas y académicas de otras latitudes sostuvieron la necesidad de un feminismo anticapitalista para el 99%,[5] se refirieron al movimiento Ni Una Menos como un ejemplo y una inspiración. Y es que así lo fue.
La primera manifestación Ni Una Menos se dio el 3 de junio de 2015. Fue motorizada por un colectivo que tiene un rol social significativo en el ámbito mediático, conformado por periodistas y personajes de la cultura.[6] La consigna, rechazar la violencia extrema contra las mujeres, reunió a personas que jamás se habían manifestado antes. Tomar las calles, pausar la rutina para irrumpir en la escena pública, hacerlo frente a la mirada de nuestros pares, organizarse con la gente cercana, pintar una bandera, formar parte de un sujeto político que interpela al Estado y a la sociedad toda. Uno de los mayores aciertos del ciclo de manifestaciones que se inició en junio de 2015 fue, justamente, quitar al femicidio de la lógica individualizante, politizar las muertes de las víctimas de los femicidios y construir al duelo como una instancia colectiva. Ese desplazamiento trajo consigo una reflexión más profunda sobre las violencias que, por primera vez, se puso en el centro de la escena, desbordando los circuitos tradicionales del feminismo —ámbitos académicos y activistas—. En la televisión, en la mesa familiar, en las aulas, en los lugares de trabajo y en todas partes se empezaron a discutir los límites siguientes: ¿Qué es violencia? ¿Un piropo es violencia? ¿Los celos son una forma de violencia? ¿Quiénes ejercen violencia de género? A la par, muchas mujeres contaron públicamente historias personales y en todos los ámbitos se multiplicaron los escraches. Más allá de los procesos personales y del largo camino que aún queda por recorrer, el clima fue de visibilización e impugnación de las violencias machistas.
Las manifestaciones populares fueron creciendo a lo largo de todo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) a la vez que se articularon con otras organizaciones de corte feminista y larga trayectoria en el ámbito local. En un contexto creciente de criminalización de la protesta social, el movimiento feminista ocupó las calles de las principales ciudades argentinas encarnando incluso los primeros paros generales realizados al gobierno de Macri.[7] Si bien el gobierno había designado en el Consejo Nacional de las Mujeres a una feminista con una trayectoria propia, las políticas de ajuste que se implementaron repercutieron gravemente sobre la condición social de las mujeres y los colectivos de la disidencia sexual, especialmente de clases populares. Las experiencias colectivas de empobrecimiento y de pérdida de derechos —de por sí muy disímiles entre sí— permearon al movimiento feminista que se constituyó en una columna de oposición al ajuste económico en todas las áreas del Estado. Junto con el desfinanciamiento, un caso que condensa el odio sexista, de clase y racial de la dirigencia macrista es el de la referente indígena Milagro Sala, presa política que lleva más de cuatro años privada de su libertad.
En un contexto de gran agitación social, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito[8] presentó un nuevo proyecto de ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (ive), y una nueva serie de manifestaciones se dieron a raíz del debate en el Congreso, conocida como popularmente como la marea verde. No es cualquier verde: es un pañuelo verde, símbolo histórico en Argentina que recoge la lucha de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo frente a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar (1976-1983). Los dos últimos años del gobierno de Macri fueron escenario de pañuelazos en numerosas ciudades. Se escuchaba y bailaba en las calles una frase que daba cuenta de un corte generacional, las hijas, pero que se reconocía heredero de una tradición: “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”. Más allá de la reivindicación ancestral, cabe señalar que la Campaña se creó en marzo de 1988 con el nombre de Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) y desde entonces han militado de manera incansable, han presentado nueve proyectos de ley y hoy en su interior articulan más de 500 organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas y un largo etcétera.[9]
El mundo académico, protagonizado por las universidades públicas, también fue territorio de organización y lucha de un movimiento feminista que desde hacía años venía creciendo, vinculando teoría e investigación científica con la praxis cotidiana. En 2015 se creó la Red Interuniversitaria contra las Violencias y por la Igualdad de Género, y desde allí se fueron motorizando en un sentido rizomático los Protocolos para actuar en situaciones de violencia, los espacios de gestión y las propuestas de transversalización de la perspectiva de género en la formación universitaria. Finalmente, en 2018, la Red tomó un formato institucional con la creación de la Red Universitaria de Género (Ruge) al interior del Consejo Interuniversitario Nacional (cin).
Desde el gobierno se intentó promover que Macri era un presidente que simpatizaba con el feminismo, un falso feminismo de mujeres empresarias que habían burlado el techo de cristal. Sin embargo, las manifestaciones feministas fueron horadando el consenso sobre el que se había gestado su triunfo electoral y contribuyendo al cambio de gobierno actual. Esta experiencia colectiva de movilización popular y callejera invitó a hacerse feminista a quienes antes leían allí una mala palabra, construyendo identidades y nuevos sujetos políticos. El mote feminista pasó de ser una palabra que era deslegitimante a ser una palabra legitimante. Las marchas se convirtieron en rituales éticos y estéticos que combinaban el arte de la performance, situaban al cuerpo como el territorio de la lucha feminista y la comunidad como escenario.
Es evidente que no es posible hablar de un movimiento feminista, sino de activismos feministas sumamente heterogéneos e, incluso, a veces antagónicos entre sí. De hecho, no hay una pretensión de construir un movimiento de corte tradicional que contenga al sujeto político del feminismo, sino potenciar el proceso cultural de impugnación de las violencias y las desigualdades contra las mujeres y los sujetos feminizados. Cada une[10] desde su trinchera, con sus convicciones y sus herramientas, para luego articular con el resto cuando la coyuntura política lo amerita, como lo fue con la presentación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.
Finalmente, el 27 de octubre de 2019, la alianza Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri, fue derrotada en las urnas por la coalición del Frente de Todxs, que trajo a la presidencia a Alberto Fernández de la mano de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner. En este tiempo de transición entre modelos de gobierno, la gestión que se inicia no desconoce el peso del movimiento feminista, no sólo en un sentido social sino como una de las causales centrales de su triunfo electoral.
En suma, el movimiento logró, por un lado, poner en crisis y empezar a desnaturalizar ciertos principios, valores y prácticas consolidadas históricamente por el machismo y, por otro lado, demostró una gran potencia en las calles, con marchas multitudinarias, vigilias en el Congreso, acceso a medios de comunicación, formas lúdicas de protesta, una fuerte y marcada ocupación del espacio público, por nombrar algunas. De aquí que #FeministasEnLasListas y #FeministasEnLosCargos se hayan convertido en dos demandas centrales en el contexto de transición política.
Expectativas en torno a la transversalidad de la perspectiva de género en toda política de gobierno
En Argentina los movimientos glttbiq y feministas habían conseguido en el primer cuarto del milenio la sanción de muchas leyes que ampliaban derechos y que propendían a un cambio social de valores y actitudes (desde la Ley de Educación Sexual Integral, en 2006, hasta la Ley de Identidad de Género, en 2012, y las reformas del Código Civil). Hacia el final del gobierno macrista, las organizaciones sociales lograron la sanción de la Ley Micaela,[11] la cual exige la capacitación en perspectiva de género de todo el personal del Estado que se desempeña tanto en el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta iniciativa constituye sin duda una de las conquistas del movimiento feminista de los últimos años en la Argentina por dos motivos. Por un lado, porque señala que el Estado es responsable de la producción y reproducción de la desigualdad y violencia de género y, por ende, debe ser capacitado en la materia. Y, por otro lado, porque la Ley desplaza la respuesta punitiva como única solución al conflicto social de la violencia de género, y señala que el camino es el cambio cultural.
Consideramos que éste es un antecedente importante que, junto a la movilización popular, condiciona el perfil de las políticas de género del gobierno entrante. El gabinete nacional de Alberto Fernández además de volver a jerarquizar carteras que habían sido eliminadas por el macrismo como Salud, Trabajo y Cultura (un símbolo del neoliberalismo) situaron en un nivel similar a las políticas de género creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el objetivo de que las políticas de género sean transversales a todas las áreas de gestión.
La transición política muestra un escenario de feministas y militantes de la diversidad y disidencia sexual que ocupan espacios, en algunos casos específicos de las políticas de género como en el nuevo Ministerio de Género y en otros ocupan cargos de gestión en carteras tan importantes como Educación, Defensa y Salud. Argentina tiene ya cierta experiencia en la institucionalización de movimientos sociales en el Estado y el proceso actual de incorporación de feministas en los cargos combina un perfil fuertemente movimentista con la inclusión de algunos cuadros académicos.
Para no perder el vicio: desafíos del contexto actual
Uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno actual está dado por la crisis económica y la ausencia de presupuesto para las políticas sociales que promete llevar a cabo. La creación de nuevas carteras de gobierno implica la adjudicación de presupuesto que en la actualidad está limitado al pago de las obligaciones de la deuda contraída por la gestión anterior.
Otro reto inmediato es reducir y terminar con la violencia de género. Para ello son necesarias políticas públicas pero también es imprescindible la construcción de datos (hoy casi inexistentes en Argentina) que den cuenta con precisión de las situaciones, variables y dimensiones que se deben abordar. Resulta imprescindible la asignación de presupuesto para estas tareas y el trabajo articulado entre espacios políticos, técnicos y científicos.
En el plano de lo micropolítico, ampliar este proceso de transformación subjetiva a una sociedad que no se reconoce feminista (en primer término, en los varones) también supone un desafío que no puede afrontarse con las herramientas liberales e ineficaces del punitivismo o del voluntarismo. Construir otras formas de abordaje ante la problemática social de la violencia y la necesaria reparación para las víctimas, es uno de los mayores desafíos para quienes nos manifestamos ¡No en nuestro nombre! ante los intentos del gobierno anterior de endurecer las condiciones de ejecución de las penas y ensanchar la respuesta punitiva.[12] Esto implica, a su vez, complejizar el relato victimista que empata mujer=víctima y varón=victimario y que hegemonizó al feminismo surgido por Ni Una Menos.[13]
Finalmente, no podemos dejar de mencionar los desafíos a los que se enfrenta una política feminista que debe ser interseccional en un contexto donde el feminismo puede quedar nuevamente homologado a un movimiento de clase media, urbano, blanco y heteronormado. El peligro está en ponderar la cuestión de género sin atender a la clase, la raza, la edad y otras variables de opresión. Articular entre movimientos y dar lugar a las voces críticas y antagónicas en cada uno de los escenarios debe seguir siendo la dinámica feminista aun cuando se habitan espacios de gestión. Cabe mencionar que actualmente el movimiento se encuentra atravesado por un debate en torno a la modificación del nombre de nuestro encuentro anual: de Encuentro Nacional de Mujeres a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binaries y Disidencias. La intención es disputar el sujeto político del feminismo, al señalar que no sólo las mujeres protagonizan el encuentro, sino que éste se compone de otros colectivos heterogéneos, que tensionan la heteronorma y el imaginario racista de aquellos llegados de los barcos que supuestamente componen la nación Argentina.[14]
El neoliberalismo del último gobierno en Argentina y el fuerte endeudamiento ciñe inevitablemente el horizonte actual en cuestiones de género. La díada redistribución y reconocimiento como premisa de las políticas feministas está limitada en el polo de la redistribución y constituye una incógnita sobre las promesas actuales. El desafío está en marcha, el movimiento feminista, creado al calor de las luchas sociales argentinas y latinoamericanas, seguirá reclamando la transversalización de la perspectiva de género en cada una de las políticas de gobierno y de la currícula educativa y volverá a ocupar las aulas, las plazas y las calles cada vez que sea necesario.