Rosa Alonso[1]
Anaid Sierra[2]
Si con el nombre de indios nos humillaron y explotaron
con el nombre de indios nos liberaremos
Organización Independiente Totonaca
Paradójicamente en países latinoamericanos, uno de los efectos que han tenido las políticas del multiculturalismo neoliberal sobre los pueblos indígenas ha sido la erosión de sus formas comunitarias de vida, especialmente la de sus lógicas de justicia propia. Procesos marcados por la economía global, como la transnacionalización del derecho y la imposición de modelos de gobernanza estatal, basados en el reconocimiento multicultural, siguen hoy en día dejando su huella imborrable. En primer lugar, porque sustentan una sofisticada maquinaria de vigilancia, administración y regulación de las poblaciones indígenas, lo que se traduce en pérdida de autonomía y la colonización de sus formas de vida. En segundo lugar, porque cotidianamente se siguen observando formas de alteridad que reproducen identidades culturales esencialistas y ahistóricas, lo que refuncionaliza el pasado colonial que ha marcado la historia de esta parte del continente.
Particularmente en México, durante los años noventa el multiculturalismo neoliberal se dejó sentir con toda su fuerza a través de diversas reformas que tendieron hacia la reconfiguración del modelo de Estado, transitando de un discurso asimilacionista y asistencial (presente en las políticas indigenistas) a un discurso cosmético pujante por la revalorización de la pluralidad cultural. A la par de estos procesos, se dio un nuevo contexto de politización de las identidades culturales al interior de colectivos y organizaciones indígenas, mismas que se encargaron de denunciar la retórica multiculturalista como una nueva forma de colonialidad más sutil, pero no por ello menos peligrosa. Es así que, como sostiene Pedro Garzón (2016), aun cuando existe en este contexto un avance legislativo a favor de lo indígena esto no se ve reflejado en la vida cotidiana de los pueblos y personas indígenas, quienes siguen enfrentando condiciones estructurales de desigualdad e injusticia social.[3]
Un ejemplo de ello lo observamos en la práctica cotidiana de los juzgados indígenas que el estado de Puebla creó en 2002, a través del Poder Judicial local. Dichos espacios, distribuidos en zonas de mayor concentración poblacional indígena de la entidad,[4] operan desde su creación con serias dificultades, a pesar de los esfuerzos de organizaciones regionales indígenas por apropiárselos y revitalizar sus justicias comunitarias. Durante estos años de vida, los juzgados indígenas poblanos han enfrentado incontables situaciones de discriminación por parte de élites y autoridades locales mestizas. Entre ellas, la falta de asignación de recursos, limitaciones en sus funciones (en cuanto a jurisdicción y competencias) y la burocratización creciente de sus procedimientos de resolución de conflictos, problemáticas que, en conjunto, apuntan a erosionar el carácter oral y conciliatorio que les caracteriza.
Actualmente, uno de los seis juzgados se encuentra inoperante, otro no tiene personal que hable las lenguas indígenas de las comunidades que atiende y en los otros cuatro, sus operadores carecen de condiciones dignas de trabajo como salarios, nombramientos y reconocimiento efectivo por parte del Poder Judicial y/o de los gobiernos municipales. Muy a pesar de ello, estos espacios han sustentado un pequeño margen para la reproducción de las formas de vida comunitarias. Por ejemplo, en el juzgado totonaco, ubicado en el municipio de Huehuetla, el juez y sus demás servidores (entre ellos una consejera de mujeres) son autoridades legítimamente reconocidas por haber sido parte del sistema de cargos cívico-religioso y por resolver los conflictos bajo lógicas culturales cercanas a las comunidades. Por su parte, el juzgado de Cuetzalan ha sido un espacio indispensable para facilitar el acceso a la justicia a mujeres indígenas víctimas de violencia doméstica y sexual, aspecto que no se puede presumir de instancias estatales en la región donde sus operadores las discriminan.
Lamentablemente la situación es otra en los demás juzgados. En lo que refiere al juzgado de Tlacotepec de Porfirio Díaz, los jueces carecen de nombramientos por parte del Poder Judicial. Peor aún es la situación del juzgado de Pahuatlán donde, además de que el juez no habla la lengua local y fue elegido arbitrariamente por la presidenta municipal, éste se ha manifestado en contra de “las prácticas de los indios”, por lo que su actitud es abiertamente racista.
En ese contexto, la experiencia de los juzgados indígenas manifiestan procesos contradictorios derivados del multiculturalismo neoliberal. Por un lado, los derechos indígenas se utilizan como moneda de cambio bajo los intereses particulares de los gobiernos en turno (estatales y municipales). Por otro lado, existe el activismo indígena que procuró transformaciones no sólo en el campo jurídico sino también en el político y el cultural. Como los juzgados indígenas están ubicados en comunidades donde élites mestizas históricamente habían monopolizado el poder político y económico, el hacer justicia ha sido motivo de disputa para transformar las relaciones interétnicas marcadas por el racismo y la explotación. De esta manera, algunos de estos espacios han sembrado paz donde otras justicias han sembrado sentimientos de venganza, castigo, individualismo y discordia. Su eficacia está marcada, más que por la cantidad de asuntos (que no son pocos), por la intención de ofrecer una justicia al servicio de la vida en comunidad.
Ya casi dos décadas nos separan de la implementación de las políticas multiculturales del Estado mexicano y hoy por hoy observamos prácticas cada vez más represivas como el creciente asesinato de activistas indígenas que han luchado en contra de prácticas extractivas y de muerte facultadas por el modelo económico imperante. En ese sentido, las justicias indígenas tienen un papel fundamental en la concepción de un deber ser al servicio de la colectividad. Son contrapeso del discurso dominante que ha fincado el ideal del progreso sobre los pilares de la acumulación y expropiación de riquezas para el goce individual. No obstante, siguen enfrentando el racismo estructural, la criminalización, la subordinación de sus lógicas y siguen haciendo frente a la colonialidad del saber jurídico.
Finalmente, como hemos pretendido mostrar, las políticas multiculturales en México no han representado un reconocimiento efectivo de la pluralidad cultural del país, y menos aún la superación de nuestro pasado colonial. Por el contrario, el multiculturalismo neoliberal ha pretendido tomar el control de la construcción identitaria de los pueblos indígenas retomando los elementos culturales que sirven a sus intereses y desapareciendo aquellos que lo amenacen. Bien se podría decir que, frente a la amenaza de achicar el poder estatal, el multiculturalismo ha representado para los Estados nacionales un arma para sobrevivir al escarpado e incierto camino que se abría con la economía neoliberal global.