María Teresa Sierra (CIESAS-CDMX)
Dolores Figueroa (CIESAS-CDMX)
Rachel Sieder (CIESAS-CDMX)
Mariana Mora (CIESAS-CDMX)
Carolina Robledo (CIESAS-CDMX)
Emiliana Cruz (CIESAS-CDMX)
Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS-CDMX)
Séverine Durin (CIESAS-Noreste)
Juan Carlos Martínez (CIESAS-Pacífico Sur)
Natalia de Marinis (CIESAS-Golfo)
Victoria Chenaut (CIESAS-Golfo)
El grupo de investigación sobre Antropología, Justicias y Derechos del CIESAS tiene una larga trayectoria en el campo de la antropología jurídica y política, dirigida al estudio del pluralismo jurídico, los derechos indígenas y el acceso a la justicia en México y Latinoamérica, desde visiones que apuestan a desarrollar una academia crítica y comprometida con la realidad de los pueblos indígenas y de otros colectivos identitarios subalternos. Desde hace varios años hemos construido un conocimiento experto importante para comprender tres dimensiones clave que atañen al pluralismo jurídico: (1) las configuraciones socioculturales del derecho en diferentes escalas que conectan lo local-comunitario, lo nacional y lo global para el abordaje del derecho propio y las autonomías indígenas; (2) las transformaciones del marco normativo estatal que reconfiguraron la relación del Estado y los pueblos originarios en el periodo contemporáneo; (3) las dinámicas sociales de inclusión y exclusión que involucran a mujeres indígenas y generan escenarios de discusión sobre esencialismos culturales, derechos humanos y derechos de género desde una mirada de la diversidad cultural. Asimismo, nuestros aportes han sido fundamentales en la definición de una agenda en torno al acceso a la justicia y la exigibilidad de los derechos que han tenido dos importantes consecuencias: (1) contribuir al reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y con ello a la promoción y al respeto de la diversidad cultural y plural del país y; (2) contribuir a la discusión y fortalecimiento de los sistemas de justicia propia y el campo de la defensa legal así como la justiciabilidad de los derechos colectivos. En todo esto ha desempeñado un papel central el recurso del peritaje antropológico para avanzar en la traducción intercultural de los derechos indígenas en los procesos judiciales y la visibilización de “otras” concepciones de justicia y resarcimiento del daño.
El contexto de violencia actual, marcado por la lucha contra el crimen organizado y por la intensificación de políticas de despojo ¾donde intervienen agentes estatales e ilegales¾, afecta de manera particular a los pueblos indígenas y a otras poblaciones pobres y racializadas. Las afectaciones sociales y morales de la criminalidad y el despojo son multiformes y generan nuevos desafíos para el campo de la antropología jurídica en México, lo que obliga a redefinir las temáticas y las estrategias de investigación. Como académicas posicionadas a favor de la justicia social, estamos pulsando los efectos magnificados de violencias estructurales y extremas en territorios indígenas debido a las políticas extractivistas dirigidas a explotar los recursos naturales y la presencia del crimen organizado. La reproducción social de poblaciones enteras está en riesgo, los tejidos comunitarios fragmentados y el clima de inseguridad conlleva efectos perversos como la desaparición forzada, el desplazamiento interno y los feminicidios. Todo esto se acompaña de políticas de securitización y militarización que contribuyen a crear estados de excepción y a una violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. No obstante, frente a esta geopolítica de muerte y despojo, los pueblos indígenas y la sociedad civil movilizan estrategias jurídicas y políticas para resistir los agravios sufridos y defender sus derechos en condiciones cada vez más difíciles. Estas condiciones implican grandes retos éticos, teóricos y metodológicos que deben abordarse con creatividad y con trabajo solidario y colectivo.
Ante este escenario, como grupo de investigación nos hemos visto obligadas a redirigir nuestra atención a las nuevas y viejas problemáticas que afectan a los pueblos indígenas y a otras poblaciones criminalizadas por su pobreza y en geografías racializadas. Por ello decidimos conformar un espacio de investigación y aprendizaje que articule los esfuerzos de especialistas que trabajamos en torno a temas de justicia, derechos y violencias desde un enfoque crítico, y dar un nuevo giro a los estudios sobre pluralismo jurídico y gobernanza neoliberal. El Laboratorio de Antropología Jurídica y Forense es el espacio de trabajo colectivo que conformamos para generar una visión articulada de los procesos que observamos, donde confluyen nuestros intereses por construir diálogos interdisciplinarios desde una mirada antropológica para analizar las formas contextualizadas de las violencias y el despojo, los sentidos sociales del agravio, el espectro amplio del daño en las víctimas, así como las prioridades políticas de los colectivos organizados.
Esta propuesta analítica integra las aportaciones de colegas provenientes de las diversas sedes del CIESAS, así como de otras instituciones, quienes desde hace varios años hemos colaborado y construido sinergias para crear marcos teóricos y metodológicos compartidos e incorporado nuevas disciplinas como las ciencias forenses y los estudios del lenguaje. Metodológicamente, para el análisis de las nuevas configuraciones socioculturales y de las graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos en geografías racializadas y de terror, priorizamos los diálogos colaborativos y reflexivos sobre diversos órdenes de opresión de tal manera que generemos un conocimiento ética y culturalmente pertinente.
Destacamos a continuación tres principales líneas temáticas desde donde planteamos abordar las tensiones entre justicias, violencias y derechos, que a su vez articulan los intereses de nuestro grupo de investigación: i.) Conflictividad y derechos indígenas: territorio, despojo y desplazamientos interno; ii.) Desaparición forzada, víctimas y exigencias de verdad, justicia y reparación; y iii.) Violencias de género, mujeres indígenas y emergencias comunitarias.
i.) Conflictividad y derechos indígenas: territorio, despojo y desplazamiento interno
La defensa del territorio ha sido el tema más visible en la agenda de los pueblos frente a los embates del neoliberalismo. En las últimas décadas, aumentó el acoso sobre los territorios de los pueblos indígenas a través del impulso brindado por los Estados a las actividades realizadas por empresas extractivas transnacionales, la explotación petrolera y de gas de esquisto por fractura hidráulica (fracking), obras hidroeléctricas y de infraestructura, desarrollos turísticos, saqueo de maderas preciosas, minería a cielo abierto, etcétera. Estas actividades se autorizan sin realizar una consulta previa e informada a través de la cual se obtenga el consentimiento de las comunidades indígenas, según lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La aplicación de las políticas neoliberales extractivistas, frecuentemente sin consentimiento previo, ocasiona la pérdida del control territorial de los pueblos indígenas, atentan contra sus derechos a la autonomía, y afecta la reproducción social, económica y cultural de los grupos, por las modificaciones que se realizan al medio ambiente, las actividades productivas, la relación con zonas sagradas y centros ceremoniales, así como la salud y las diferentes actividades que hombres y mujeres llevan a cabo para su reproducción; son políticas que afectan gravemente la protección del medio ambiente en general, y aumentan el cambio climático.
Dada la diversidad de afectaciones en los territorios indígenas, se hace necesaria una visión regionalizada e integral de las violencias estructurales para identificar las formas particulares que estas asumen, documentar los escenarios y actores que las producen, cómo y bajo qué condiciones operan, sus articulaciones, y el tipo de agravios y daños que prevalecen. Estos escenarios altamente globalizados transforman de forma radical las luchas de los pueblos indígenas, generan nuevas conflictividades pero también nuevas estrategias de resistencia y defensa territorial que obligan a innovar paradigmas de investigación para acompañar los procesos. Se busca contribuir al análisis crítico de las mismas al valorizar el tejido comunitario, las ontologías propias y los sentidos de justicia que avanzan los pueblos. El territorio, como espacio biocultural que involucra concepciones alternativas del medio ambiente y del derecho propio, se convierte en el eje articulador de las resistencias indígenas, en un instrumento poderoso para el fortalecimiento de lo propio y para recuperar memorias encarnadas de agravios históricos y actuales, desde los cuales los pueblos generan rearticulaciones. En estos procesos, se ponen en juego las epistemologías y saberes propios, se revalorizan las identidades y las lenguas maternas, como núcleos de la defensa comunitaria fundamentales para pensar en alternativas de vida frente al maremágnum de violencias y de procesos de devastación.
En el marco del laboratorio, tenemos previsto avanzar en estas líneas de investigación con estudios que documenten la regionalización de las violencias, las afectaciones del despojo, y el desplazamiento de poblaciones, que pongan en el centro las respuestas y las miradas de los actores locales con la consideración de su propias ontologías y formas de relacionarse con el mundo y el territorio. Este campo recupera el expertise de peritajes antropológicos, amicus curiae, litigio estratégico, y otras intervenciones desde la antropología jurídica, que hemos desarrollado como equipo de investigación y que cobran nueva relevancia en el contexto actual para avanzar en la defensa de los derechos indígenas, especialmente los territoriales, en la juridificación de los conflictos socioambientales, y también para visibilizar las afectaciones socioculturales de poblaciones desplazadas y víctimas de delitos de lesa humanidad.
ii.) Desaparición forzada, víctimas y exigencias de verdad, justicia y reparación
El contexto actual obliga a la antropología jurídica a indagar a fondo sobre las construcciones sociojurídicas de la categoría de víctima, no solo por parte de los marcos jurídicos existentes, como la Ley General de Víctimas, sino a partir del uso del derecho y de regímenes de derechos humanos por parte de organizaciones no gubernamentales, comisiones de derechos humanos y organizaciones de base, como son colectivos o grupos de víctimas. Dichas construcciones tienen implicaciones profundas en cuanto a las formas en que se moviliza el derecho, a la producción misma de identidades políticas y sociales, y para avanzar en el desarrollo de metodologías que permitan ampliar la perspectiva de víctimas y considerar otros escenarios, p.ej. las víctimas de los desplazamientos internos y los feminicidios.
El análisis antropológico con víctimas nos lleva necesariamente al tema de las reparaciones y la importancia de situarlas cultural y contextualmente; tal como se ha avanzado en Colombia y como lo reclaman los familiares de las víctimas en nuestro país. Además, resulta fundamental considerar la dimensión colectiva de las reparaciones en el caso de los pueblos indígenas. En ese sentido, la antropología jurídica tiene mucho que aportar, no solo a la conceptualización de reparaciones desde la interculturalidad, sino a analizar los contextos socio-jurídicos en los que se definen los daños, las reparaciones y los efectos que tienen para las poblaciones afectadas. Una línea que ha explorado nuestro grupo de investigación es justamente las colaboraciones entre la antropología jurídica y la antropología forense para contribuir a la identificación de cuerpos en fosas clandestinas y para avanzar en establecer garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desaparición forzada; línea que adquiere cada vez mayor relevancia ante la crisis humanitaria provocada por los 37 000 desaparecidos en nuestro país.
Es de notar de forma particular el papel de las organizaciones de víctimas, generalmente familiares y mujeres. Tal es el ejemplo del grupo de madres de los desaparecidos en Los Mochis, Sinaloa conocido como “Las Buscadoras” con quienes integrantes de nuestro grupo de investigación trabajan y que ante la impunidad y la indiferencia del aparato estatal han tomado en sus manos la búsqueda de sus desaparecidos mediante brigadas de exhumación de fosas clandestinas. A su vez, las comunidades amenazadas por los cárteles y el crimen organizado han tenido que lidiar con la impunidad y la corrupción del Estado, y huyeron de sus territorios de origen tomados por las mafias para convertirse en desplazados internos, con lo que se crean nuevas crisis humanitarias; lo mismo sucede con las víctimas de feminicidio, especialmente de mujeres indígenas que se enfrentan a una indefensión por la impunidad con la que actúa el crimen organizado y el temor de la población a denunciar. Se abren así líneas de investigación de gran relevancia y actualidad donde la antropología tiene mucho que aportar al poner en el centro la visión de las víctimas y considerar los contextos y las dimensiones socioculturales desde donde definen los sentidos de daño, justicia y reparación. Asimismo, la investigación colaborativa con organizaciones de la sociedad civil se propone aportar a la reconstitución del tejido social que se ha visto afectado por la violencia y la impunidad, y resultan clave los esfuerzos de las comunidades y organizaciones indígenas y de base en pro de su seguridad ciudadana y comunitaria.
iii.) Violencias de género, mujeres indígenas y emergencias comunitarias
Los efectos de largo aliento del despojo neoliberal afectan de manera particular a las mujeres indígenas y sus familias e incrementan su vulnerabilidad, por lo que centramos nuestra atención en las formas diversas que asumen las violencias de género y destacamos su necesaria conexión con las violencias estructurales que ponen en riesgo la reproducción social de sus pueblos y comunidades. En específico, queremos referirnos a los retos de interpretar la justicia de género de mujeres indígenas y afrodescendientes en contextos rurales donde la violación a sus derechos humanos no puede reducirse a la relación individualizada víctima-victimario, sino que incluye la interseccionalidad de varios órdenes de opresión y la experiencia colectiva de violencia contra sus pueblos.
Diferentes regiones indígenas del país, en Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde desarrollamos nuestras investigaciones, se han convertido en escenarios de la macro-criminalidad con afectaciones graves a la vida comunitaria que han modificado de manera significativa las condiciones de vida de las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a las transformaciones de los roles sociales de género, al ponerlas en situación de riesgo y al sufrir vejaciones de variada naturaleza. A las violencias y carencias a las cuales son sujetas por su género, se le aúnan las institucionales, estructurales y delincuenciales, lo que magnifica sus efectos por el clima de impunidad que reduce significativamente sus opciones de búsqueda de justicia. Junto con ello, las políticas de securitización en contra del crimen organizado generaron efectos perversos, al exponer a las mujeres indígenas a violencias extremas.
Es prioritario entender el funcionamiento de los mecanismos de prevención y acompañamiento de víctimas que tienen raigambre comunitaria y que aseguran garantías de resarcimiento y contención de la violencia. Las formas comunitarias de proveer seguridad son referentes importantes y referenciales para cuestionar los paradigmas punitivos que criminalizan la pobreza. Nuestro equipo de trabajo ha privilegiado posicionamientos teóricos y políticos sobre los des-encuentros entre los derechos colectivos y los individuales en el campo electoral, social y judicial, al poner en primer plano la agencia de las mujeres en lograr y demandar reconocimiento y actuación sobre sus agravios y sentidos de justicia. En ese sentido, nos interesa comprender no sólo las formas que asumen las violencias hacia las mujeres en regiones indígenas, y su necesaria conexión con las afectaciones estructurales sobre sus territorios, sino también cómo podemos pulsarla y qué estrategias se pueden avanzar con colectivos interesados en combatir, visibilizar y prevenir la violencia desde varios frentes, y sobre una base comunitaria. Las mujeres indígenas defienden el derecho de sus pueblos a sobrevivir al embate del capitalismo e identifican al Estado como co-responsable en fomentar las amenazas y violencias sufridas, aunque también lo interpelan como agente que debiera mediar, solventar y subsanar los daños causados.
Por esta razón, nos hemos propuesto construir un Observatorio Etnográfico de Violencias de Género para realizar un trabajo colaborativo interdisciplinario que facilite el entendimiento de la particularidad de hechos de violencia contra mujeres indígenas, y la creación de un espacio para el aprendizaje de metodologías de levantamiento de datos sobre hechos de discriminación y opresión que aquejan de maneras diversas a mujeres indígenas. Una veta de trabajo analítico y de acompañamiento ha sido el encuentro con varios colectivos de mujeres indígenas defensoras de derechos humanos que desarrollan estrategias integrales de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia para acceder a la justicia, denunciar sus agravios y buscar mecanismos alternativos de prevención y atención. En este marco colaborativo es pertinente explorar distintas maneras de documentar y observar las resistencias cotidianas que mujeres indígenas despliegan frente a sus comunidades, y visibilizar desde esos contextos la experiencia de la violencia a través de etnografías, estudios de caso y elaboración de bases de datos.
La documentación de la violencia de género, y en específico la feminicida, es una preocupación central del trabajo activista de mujeres indígenas y de grupos feministas. Aunque ambos colectivos de mujeres encuentran primordial la necesidad de generar información cuantitativa y cualitativa que dé cuenta del estado de alarma y gravedad que marca la violencia de género, sus planteamientos políticos y demandas difieren sustancialmente. Como colectivo de investigadoras, consideramos que poner el énfasis en las violencias extremas, como suele priorizar el feminismo institucional, deja de lado la observancia de violencias cotidianas e invisibles que aqueja a las mujeres indígenas y afrodescendientes, pone en un segundo plano la atención y solución a sus problemáticas. Este mismo criterio de invisibilización puede aplicarse a otros colectivos de víctimas como es el caso de mujeres desplazadas o migrantes, que por su diversidad social y cultural no son contemplados en debates nacionales sobre justicia transicional, violencias extremas y violación a derechos humanos.
Problemas prioritarios, políticas públicas y las respuestas comunitarias de los actores
Las líneas de trabajo académico y de investigación desarrolladas por nuestro equipo nos llevan a plantear una serie de reflexiones críticas con el ánimo de contribuir a la redefinición de políticas públicas y mostrar los impactos limitados y efectos negativos que han traído consigo en los colectivos sociales con los que trabajamos. Creemos importante revelar las dinámicas sociales que generan violencia asociada a la pobreza, la diferencia cultural, racial o lingüística, y la condición social de las víctimas, con lo que se plantea así una posición crítica frente a las políticas públicas.
Priorizar por ejemplo el uso de la fuerza para la eliminación de los factores y actores generadores de violencia delincuencial dio pie a la militarización de territorios y trajo más violencia e impunidad en las instituciones de la fuerza pública, e incrementó la vulnerabilidad de la población. En el marco de la emergencia nacional por la ola de feminicidios y violencia de género, las instituciones de gobierno y el feminismo institucional, si bien visibilizaron el incremento exponencial de crímenes violentos hacia las mujeres a través de las llamadas Alertas de Género, estas políticas se tradujeron en protocolos de actuación gubernamental que conllevan acciones de simulación y la desviación de recursos que no redundaron en acciones efectivas para disminuir las muertes y las violencias a mujeres y niñas. Así también con relación a la franca crisis humanitaria por la producción de crímenes atroces (desaparición forzada, feminicidio y desplazamiento forzado) que acontecen en un clima de completa impunidad, sin que haya voluntad de esclarecer los hechos, resulta urgente documentar los abusos y facilitar los procesos de reparación social e individual.
El país tiene una agenda fraccionada y multiforme de instancias y políticas sin definiciones claras ni eficaces para responder a las demandas de justicia, equidad y reparación. Para los pueblos indígenas, las llamadas políticas de reconocimiento de la identidad han sido limitadas y tibias para evitar la injerencia en sus espacios de autonomía, el despojo, la intervención en sus territorios y el desplazamiento forzado. Para los familiares de víctimas de desaparición forzada, la localización de los cuerpos de sus seres queridos es un objetivo que ellos mismos han tenido que asumir ante la incapacidad estatal para resolverlo. Para los colectivos de mujeres organizadas contra la violencia de género, el acompañamiento de mujeres en la búsqueda de justicia es una tarea que hacen con recursos magros al luchar contra la ineficiencia e insensibilidad de las autoridades concernientes. Para los defensores de los pueblos indígenas, la resistencia frente a los proyectos extractivos se tradujo en muchas ocasiones en homicidios y la criminalización de sus luchas.
Aunada a la crítica que hacemos sobre la ineficiencia y falta de voluntad del Estado para atender las demandas legítimas de los colectivos organizados, queremos añadir nuestra preocupación porque el nuevo gobierno no reedite y adopte medidas sin establecer procedimientos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y sin hacer los diagnósticos de impacto socioambiental fundamentales para el avance de los grandes proyectos de desarrollo. La defensa del territorio, y de los recursos naturales que impulsan los pueblos indígenas, se ha convertido en una lucha global de beneficio para la sociedad en su conjunto. En un momento crítico, donde la biodiversidad y la vida misma se encuentran amenazadas, los pueblos indígenas ofrecen alternativas basadas en formas propias y colectivas de cuidado de la tierra y del medio ambiente, al mismo tiempo que requieren de los recursos necesarios para reactivar economías no invasivas ni basadas en la explotación extensiva de sus recursos naturales.
En temas de acceso a la justicia y la seguridad para pueblos indígenas es importante mirar las alternativas que ofrecen las experiencias comunitarias de seguridad y justicia donde la vitalidad de los pueblos y la fortaleza de sus tejidos colectivos les han asegurado el constituir formas propias de protección y resolución de conflictos eficaces para la paz social. En el caso de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, destacamos su capacidad de búsqueda donde padres y madres de familia de distinta naturaleza social anteponen la necesidad de la verdad, justicia y reparación sobre otros intereses, y movilizan acciones de aliados y profesionistas forenses. El conocimiento localizado y arraigado en experiencias de seguridad, cuidado y de búsqueda es una riqueza que debe tomarse en cuenta para la definición de políticas de verdad y justicia. Asimismo, para acercarnos al tema de reparación y resarcimiento del daño en comunidades donde las víctimas de desaparición forzada y feminicidio comparten territorios comunes y redes sociales con los victimarios, las respuestas al dolor y la verdad pasan por el reencuentro colectivo del buen vivir por lo que se necesitan metodologías sensibles a los contextos y a la voz de las víctimas. Y sirve también para pensar en las alternativas ante el desplazamiento forzado de comunidades enteras que necesitan considerarse en las estrategias para su relocalización en lugares seguros, con garantías de un acompañamiento integral.
Por estas razones, nos preocupa la priorización de medidas punitivas y poco receptivas a demandas colectivas de resarcimiento del daño, tanto humano como material y apostamos por avanzar en una justicia transformadora que ponga el acento en las víctimas, que considere sus contextos, necesidades y sus propias epistemologías. Privilegiar solamente a las medidas de acción punitiva de la justicia resultó poco efectivo para llevar a prisión a tentativos culpables, y genera gastos excesivos por parte de los familiares de las víctimas, inclusive persecución y amenaza. Así también la justicia de género enfocada únicamente en lo punitivo prioriza el tema individual del castigo, por encima de otras formas de violencia social difusa profundamente determinada por la pobreza estructural que afecta a sus comunidades. Por ello, destacamos que las violencias estructurales y cotidianas están interconectadas y concatenadas, y deben abordarse de forma conjunta tanto en términos académicos como en la definición de políticas públicas: el desplazamiento forzado, el despojo y la defensa territorial se vinculan estrechamente a formas específicas de la violencia de género y jerarquías étnico-raciales. En suma, toda readecuación de políticas de justicia y reparación debe de incorporar enfoques integrales, dialógicos y de género que den cuenta de las formas culturalmente significantes para resolver diferendos.