Graciela Freyermuth
Investigadora CIESAS Sureste
El libro El derecho a la protección de la salud de las mujeres indígenas. Análisis nacional y de casos desde una perspectiva de derechos humanos que realizaron el CIESAS y la CNDH tiene como propósito ofrecer un panorama actual de la situación del derecho a la salud de las mujeres indígenas mexicanas, utilizando como referente analítico el marco de los derechos humanos. El texto incluye un análisis de las políticas que han guiado la relación de los sistemas médicos indígenas y de la biomedicina y los principales programas de atención.
A través de un análisis cuantitativo permite conocer qué ocurre con la población indígena en materia de rezago educativo, condiciones de su vivienda, de salud y la oportunidad de afiliación a un seguro médico. En este sentido, además de describir los perfiles de mortalidad diferenciales entre hombres y mujeres indígenas, resalta el contraste en los riesgos de esta población con la de los municipios con una proporción menor de hablantes de lengua indígena, evidenciando las brechas en oportunidades de vida que persisten entre ellas.
A pesar de que la población indígena se encuentra dispersa en el país, se han identificado 25 regiones que congregan a municipios con población mayoritariamente indígena; a través de su análisis se puede identificar la forma de vivir y morir en los pueblos originarios de México. En uno de los capítulos, se muestra un panorama del nivel de cumplimiento del derecho a la salud en tres de estas regiones que se caracterizan por sus persistentes condiciones desfavorables de vida, reconocibles a través de los indicadores de esperanza de vida al nacer y mortalidad materna e infantil. Así, a través del análisis de la cobertura, disponibilidad de recursos y acceso a servicios de atención a la salud para las mujeres en la Montaña de Guerrero, Sierra Tarahumara y El Nayar se da cuenta de las circunstancias en que ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Se muestra como en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del XXI el discurso de los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos culturales y los propios derechos reproductivos, han estado en el centro de debate en torno a las prioridades de la salud de los pueblos indígenas, y en particular de las mujeres. Este libro muestra que todavía hay asignaturas pendientes.
Desde finales de la década de los setenta con la Declaración de Alma-Ata, se han promovido iniciativas a fin de respetar e integrar las formas de atender la salud-enfermedad desde la cultura indígena, el Convenio 169 también apuntó a la necesidad de que esta población cuente con seguridad social. Sin embargo, después de 35 años, poco se ha avanzado en la relación entre la medicina llamada tradicional, y las redes de atención a la salud y menos, como se muestra en el informe, que esta población cuente con seguridad social.
Las brechas en materia de salud son más evidentes en la mortalidad materna, ya que las mujeres indígenas tienen el doble de posibilidades de morir, con respecto a las que no viven en municipios indígenas. Son varios los problemas que hay que enfrentar para abatir la mortalidad materna, uno de ellos es la dificultad de las parteras para acceder, ante la presencia de una complicación obstétrica, de manera rápida y oportuna a hospitales resolutivos, la segunda es la limitada aceptabilidad que se tiene de los servicios de salud por parte de las mujeres indígenas.
La Casa de Salud de la Mujer Indígena ha sido el proyecto que sintetiza la atención culturalmente apropiada. Con recursos locales posibilita el acceso a servicios de salud, cuando las mujeres los requieren. Han sobrevivido casi 15 años desde su fundación, sin embargo, hasta ahora no cuentan con la certidumbre de un funcionamiento permanente. Esto obedece, a que su financiamiento está disponible un poco más de seis meses, y al no contar con un programa presupuestal pueden desaparecer en cualquier momento. Sería necesario, nuevamente, que este programa sea incluido en el Proyecto de Egresos de la Federación a fin de asegurar su permanencia.
Adicionalmente, se requiere fortalecer los hospitales resolutivos, enclavados en los municipios HLI. Un buen ejemplo, son los Hospitales de IMSS-Prospera, que han sido pioneros en la atención de esta población. Sin embargo, mientras no cuenten con personal 24 horas 365 días del año,[1] y unidades de cuidados intensivos de adultos y neonatales, así como disponibilidad de sangre de manera expedita, por lo que será insuficiente tener 100% de afiliación al Seguro Popular. Algunas experiencias en este informe dan cuenta de ello.
Los estudios cualitativos, ofrecen un acercamiento a los procesos por los que atraviesa la población indígena, ante el infortunio de la enfermedad. Por ello se seleccionaron cuatro estudios de caso, elaborados por investigadores con amplia experiencia en cada uno de los temas. Mediante las narrativas de las propias mujeres o de sus familias, se identifican los retos que deben vencer para sobrevivir a la enfermedad y al sistema biomédico.
La primera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en México es la diabetes; el riesgo de morir por esta enfermedad es del doble si comparamos su tasa con la de la cirrosis hepática, segunda causa en importancia. En vista de que, 75 000 personas fallecen y aparecen 400 000 casos nuevos al año en México, se incluyó un estudio de mujeres indígenas yucatecas, que da cuenta de la atención recibida por ellas, sus fortalezas y oportunidades, presentando dos casos específicos que ilustran, la complejidad de la diabetes a través de la experiencia de sus protagonistas.
El Cáncer cervicouterino (CaCu) en México es uno de los principales problemas de salud pública. A nivel nacional es la tercera causa de muerte por tumores malignos en la mujer. En 2014 se presentaron un poco más de 4 076 decesos; lo que significa que 1 de cada 10 fallecidas por cáncer lo padecieron en el cuello uterino. Las entidades con mayor mortalidad por CaCu son Chiapas, Morelos y Sonora.
En este documento se presentan las implicaciones que el cambio de paradigma, en la causalidad del cáncer cervicouterino, ha tenido en la vida de las mujeres indígenas. A través de las narrativas de dos mujeres indígenas migrantes universitarias chiapanecas, portadoras del virus del papiloma humano, y dos mujeres con cáncer cervicouterino en fase terminal (las dos fallecidas después del estudio), podemos conocer las tribulaciones, de las portadoras de una enfermedad de origen infeccioso y de transmisión sexual, cuyo estigma puede evitar la búsqueda de atención oportuna. Los casos de cáncer cervicouterino de dos mujeres analfabetas muestran el infortunio y las dificultades que atravesaron, al no contar con un acta de nacimiento, para tener acceso a los servicios de salud en un sistema basado en la afiliación. Con estas dos mujeres se documentan las dificultades del acceso a los servicios y la necesidad de replantear el acceso universal independiente de afiliación, adscripción étnica o nacionalidad.
Finalmente, se incluyó un estudio sobre las reformas laborales y el limitado acceso de las jornaleras agrícolas, migrantes e indígenas, a la seguridad social. En este último capítulo se muestra el retroceso de sus derechos, antes reconocidas como jornaleras y con servicios de seguridad social, que se han convertido en trabajadoras informales o por cuenta propia. Las narrativas de las propias jornaleras, nos revelan las dificultades que cotidianamente viven para ser consideradas sujetos de derechos.
En 1993 la Secretaría de Salud (SSA) y el Instituto Nacional Indigenista (INI), publicaron el estudio Salud de los Pueblos Indígenas en México, en el que se reconocían las condiciones de precariedad en las que vivía esta población (Sepulveda, 1993). El estudio mostró, que la salud de la población indígena, se caracterizaba por una elevada incidencia de enfermedades infectocontagiosas y desnutrición, todas evitables, y que estaban prácticamente ausentes las instituciones de salud y el personal médico. Los perfiles epidemiológicos en el siglo XXI son similares tanto en la población indígena como la no indígena. Sin embargo, las mujeres indígenas son las que siguen presentando un 16% de mayor probabilidad de morir que sus pares nacionales. Las condiciones de pobreza y de acceso a la educación siguen mostrando desigualdades y este capítulo documenta que no basta con que la población indígena, cuente con el 85% de afiliación a un seguro médico.
El avance del seguro popular y de programas como Prospera en el que se espera una corresponsabilidad de las mujeres en su salud (que es atenderse en los hospitales) ha ido desplazando las prácticas tradicionales y no necesariamente está abonando a disminuir la mortalidad materna, ya que la medicalización del parto ha incrementado el número de cesáreas que podría traer complicaciones futuras en estas población
Se requiere, por tanto, mejorar los sistemas de salud que ofrecen atención, respetar y fortalecer a la medicina tradicional, en donde la partera indígena juega un papel fundamental y asegurar una atención culturalmente competente.
Desde el marco jurídico nacional, el artículo 2 constitucional, apartado B fracción IX, señala que con la finalidad de disminuir las carencias y los rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de consultarlos en la elaboración de los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales, a fin de incorporar sus recomendaciones. Es necesario, por lo tanto, promover los mecanismos que establezcan las modalidades de consulta a las comunidades y los pueblos indígenas en materia de salud.
[1] IMSS-Prospera utiliza para remontar esta dificultad de carencia de plantillas las 24 horas 365 días, y si bien el personal está disponible al llamado, consideramos que esto no es suficiente para una atención oportuna y expedita en caso de urgencias.