María Eugenia de la O
CIESAS Occidente
En la reciente contienda electoral de Estados Unidos destacó el tema de la política migratoria, especialmente con respecto a la población mexicana que carece de documentos legales para residir en dicho país. Uno de los grupos más vulnerables parece ser el de los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers, ya que el presidente Donald Trump durante su campaña presidencial propuso la suspensión de la iniciativa presidencial conocida como Acción Diferida para la Deportación de Menores o DACA (por sus siglas en inglés) aprobada en 2012 por el presidente Barack Obama.
La Acción Diferida (DACA) ofreció la suspensión temporal de deportación a miles de jóvenes sin documentos legales, siempre y cuando cumplieran con los perfiles establecidos en dicha iniciativa1, además de la emisión de permisos temporales de trabajo y la obtención de licencias de manejo, entre los puntos más importantes. Los Dreamers representan a una generación que logró transitar de una identidad de indocumentados a una de actores políticos gracias a su activismo, capacidad de organización y construcción de una agenda dirigida al fortalecimiento de su movimiento. Hasta hace pocos años estos jóvenes habían permanecido a la sombra ante el riesgo de ser deportados pero decidieron luchar por el acceso a una educación universitaria independientemente de su estatus migratorio; el logro de una reforma migratoria que permita su inserción plena a la vida social y económica de Estados Unidos; y el fortalecimiento político y educativo de sus comunidades, pero estas metas se obscurecieron ante el programa migratorio de Donald Trump.
Es necesario recordar que el 19 de julio de 2016 Donald Trump fue elegido como candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Durante su campaña electoral abordó reiteradamente el tema migratorio, especialmente en su discurso del 31 de septiembre en Phoenix, Arizona. En éste pronunció sus diez propuestas en materia migratoria: 1) la construcción de un muro a lo largo de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos; 2) el fin de la política de liberar a los inmigrantes indocumentados aprehendidos después de cruzar la frontera; 3) tolerancia cero para inmigrantes con antecedentes criminales en Estados Unidos; 4) bloqueo de fondos federales para ciudades cuyas autoridades no reporten la presencia de inmigrantes indocumentados; 5) revertir las órdenes ejecutivas sobre inmigración decretadas por Barack Obama conocida como DACA; 6) la suspensión de emisión de visas para países que no inspeccionen exhaustivamente a las personas que las solicitan; 7) asegurar que los países reciban a sus ciudadanos deportados; 8) establecer un sistema biométrico de visas; 9) suspensión de empleos que atraen a inmigrantes indocumentados; 10) reforma del sistema de inmigración para beneficiar a estadounidenses con bajos salarios.
En los meses precedentes a la elección presidencial de Estados Unidos, Donald Trump continuó recurriendo a los mismos argumentos de deportación de millones de personas que carecían de documentos de residencia legal en el país, rechazando los tratados de libre comercio y apropiándose del malestar de los sectores más pobres y rurales afectados por la crisis de 2008.
En noviembre de 2016 tuvieron lugar las votaciones presidenciales en las que contendieron Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata y Donald Trump, candidato del Partido Republicano. Los primeros resultados de la votación dieron el triunfo a Donald Trump cuyo apoyo se basó en la población de perfil mayormente blanco, rural, con menores recursos económicos y escasos grados de escolaridad. Este comportamiento contrastó con el voto de las anteriores elecciones en las que fueron relevantes las minorías étnicas, la población urbana y con mayor educación. En esta “América profunda” había crecido un malestar profundo sobre la presencia de los inmigrantes sin documentos, vistos como los “otros” que invadían sus espacios de trabajo y su nación.
Los Dreamers de cara a la era Trump
En las semanas siguientes a la elección, Donad Trump empezó a relativizar sus argumentos sobre su futura política migratoria, aunque no es claro cuáles serían sus primeras iniciativas. El esfuerzo humano y financiero que supone cumplir con sus promesas es enorme; una deportación masiva de inmigrantes requerirá de más agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, innumerables procesos judiciales, logística para la implementación de sanciones para casi 300 sitios conocidos como ciudades santuario y enormes costos financieros y de diseño para la construcción de un muro de casi mil 123 kilómetros.
Especialmente su promesa de revertir las órdenes ejecutivas de inmigración decretadas por Barack Obama bajo DACA es uno de los temas más preocupantes, ya que los jóvenes que lograron acceder al programa son beneficiarios de una solución temporal a su estado irregular migratorio, y no representa un camino para la obtención de la ciudadanía. Miles de jóvenes se vieron beneficiados por dicho programa; de acuerdo con estadísticas de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos hubo 1 millón 17 mil 977 solicitudes recibidas entre el 15 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 para ser beneficiarios del Programa DACA. De este conjunto de solicitudes, 962 mil 155 fueron aceptadas para su revisión y 55 mil fueron rechazadas. Del total de solicitantes, un 74.9 por ciento nació en México, la mayoría residía en California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida, que son destinos migratorios tradicionales (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS). Gracias a los permisos de trabajo miles de ellos pudieron continuar con sus estudios, alentó la permanencia y reincorporación de cientos de jóvenes a programas de estudio, y en general sus familias se vieron favorecidas.
Hoy prevalece una gran inquietud entre los beneficiarios de DACA quienes no saben a ciencia cierta cuál será su futuro. Por una parte, aquellos que deben renovar sus documentos para fines de enero de 2017 no saben si lograrán concluir con dicho trámite. Por otra, quienes solicitarán por primera vez DACA desconocen si continuará el programa, y de no ser así, enfrentan su posible deportación, y también, existe la inquietud de que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos utilicen la información sobre los Dreamers con fines de deportación hacia sus familias.
En este contexto, las principales organizaciones de Dreamers como United We Dreamers y otras numerosas organizaciones sociales y civiles se han movilizado para asesorar a los jóvenes. Esta población presenta diferentes condiciones y varios provienen de familias mixtas con hermanos ciudadanos estadounidense pero cuyos padres son indocumentados y enfrentarían la separación familiar.
Recientemente Donald Trump cambió su discurso sobre el tema hacia uno más humanitario pero admitiendo que se trataba de jóvenes inmersos en una especie de limbo. En tanto los senadores federales Dick Durbin y Lindsey Graham plantearon una propuesta de ley denominada “Ley Puente”’ o ‘Bridge Act’ orientada a la protección de más de 740 mil jóvenes de una posible deportación. Esta propuesta de conversión de la Acción Diferida a una Ley de carácter más permanente requerirá de la aprobación del Senado y de la Cámara de Representantes, pero las experiencias pasadas con el Dream Act de 2001 que nunca logró su aprobación muestra escaso éxito.
En tanto las autoridades mexicanas han mostrado escaso interés; no existen programas puntuales de apoyo para estos jóvenes que podrían ser repatriados a México. Éstos temen regresar a un país violento, que no conocen, cuyo sistema educativo les es extraño. Quienes regresaron enfrentan una extensa burocracia que no les revalida materias que cursaron en Estados Unidos ni les ofrece una inserción laboral adecuada a sus calificaciones, más allá de trabajos precarios en Call Centers. Las instituciones de educación superior que ofrecen programas para facilitar el reingreso de estos jóvenes biculturales y bilingües son escasas. En gran medida porque el personal docente no está preparado, existe poca flexibilidad administrativa y curricular, no existen programas de apoyo sicológico para que estos jóvenes puedan enfrentar la repatriación. Si bien estos jóvenes enfrentan un limbo ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no es mejor su panorama de retorno a un país que ni antes ni ahora les brindo oportunidades.
1 “El 15 de junio de 2012, la Secretaría de Seguridad Nacional anunció que ciertas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplen con una serie de criterios podrán pedir la consideración de acción diferida durante un período de dos años, sujeto a renovación. Estas personas también tienen derecho a la autorización de empleo. La acción diferida es un uso de la discreción procesal para diferir la acción de remoción contra un individuo por un determinado período de tiempo. La acción diferida no proporciona estatus legal” Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), (http://www.uscis.gov/es/acciondiferida).