El 21 de noviembre de 2019 en Colombia se inició el Paro Nacional, una serie de protestas que se extendieron hasta finales de diciembre. Aún es incierto si éstas se prolongarán durante 2020. Sin embargo, por lo ocurrido hasta el momento, es una coyuntura que merece reflexión, no sólo por los hechos que antecedieron al Paro, la forma en que se desarrolló y la manera como el gobierno trató de contenerlo, sino también por las posibles implicaciones para el futuro cercano y lo que puede significar en términos de nuevas culturas políticas que se están evidenciando en el país. En este texto pretendemos hacer algunas breves reflexiones al respecto, para lo cual vamos a exponer algunos hitos importantes que marcaron el Paro Nacional de finales de 2019.
En un comienzo el Paro fue convocado por los sindicatos desde el 4 de octubre de 2019, lo cual creó un espacio temporal entre el inicio de las movilizaciones, los ejercicios de convocatoria y la organización de las personas que iban a marchar. Sin embargo, el alcance del Paro Nacional no puede explicarse únicamente por los procesos organizativos que existen en el país, puesto que se presentó mucha movilización espontánea o de distintos sectores de la sociedad que normalmente no se articulan en procesos de acción colectiva. Uno de los primeros aspectos que puede resaltarse de la movilización vivida en Colombia, tiene que ver con que, si bien fue una manifestación de inconformismo que se alimentó y utilizó de plataforma los recursos y repertorios de los movimientos sociales tradicionales, no se restringió sólo a ellos, sino que logró sumar a otros sectores sociales que tradicionalmente no se han movilizado o a grupos de manifestantes que antes no se encontraban inscritxs[3] en ninguna corriente ideológica.
Para explicar sobre todo el papel de los movimientos espontáneos, es necesario entender lo que ocurrió en el país en ese mes y medio que hubo entre la convocatoria al Paro y la fecha citada. Tres de los acontecimientos más importantes ocurridos en este periodo fueron los siguientes:
- El 5 de noviembre el senador Roy Barreras reveló en una plenaria del Senado, que en un bombardeo ejecutado en septiembre en contra de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el ejército había matado a 8 menores de edad (al parecer fueron 18 en realidad).[4] Como esta información se ocultó al país deliberadamente, se desencadenó una profunda indignación en la población, sobre todo por la reacción del gobierno, que a pesar de obligar la salida del entonces ministro de Defensa (Guillermo Botero), siempre justificó la pertinencia y cumplimiento de los estándares del operativo militar.
- Aunque nunca se presentaron oficialmente proyectos de ley al Congreso, ministros en ejercicio como Alicia Arango (del ministerio del Trabajo) y Alberto Carrasquilla (de Hacienda y Crédito Público) manifestaron las intenciones y necesidades de adelantar reformas laborales y de pensiones en el país, que fueron interpretadas como un ejercicio de flexibilización de las condiciones laborales en detrimento de los trabajadores y un impulso al modelo privado de administración de pensiones. A estas medidas, y otras más adelantadas por el gobierno, se les bautizó durante el Paro como el paquetazo de Duque.
- Desde septiembre de 2019 se hizo público un caso de corrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la segunda universidad pública más grande de Bogotá. Los estudiantes comenzaron a protestar en contra de las directivas de la Universidad, lo que dio como resultado la renuncia del entonces rector. Esta protesta logró solidarizar a estudiantes de otras universidades debido al uso excesivo de la fuerza ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía, además visibilizó a nivel nacional este caso de corrupción.
Estos eventos, más el asesinato sistemático de líderes sociales, la falta de legitimidad del gobierno de Iván Duque, las críticas frente a la implementación del Acuerdo de Paz con las farc, el agotamiento frente a los casos de corrupción, entre otros, crearon un caldo de cultivo que desembocó en las primeras movilizaciones del 21 de noviembre que se extendieron por un lapso de casi un mes. Estas movilizaciones alcanzaron un volumen y persistencia más allá de los pronósticos de los analistas y se caracterizó por la confluencia de demandas de diferente índole y sectores sociales diversos que no se había visto en el país, así como por los repertorios de acción colectiva que no se habían presentado, como cacerolazos y puntos de encuentro distintos a los habitualmente utilizados por los movimientos.
El Paro se desborda
La respuesta por parte de algunos sectores del Estado colombiano —especialmente del gobierno— tendió a ser fuertemente reactiva ante el Paro. Sus posturas y reacciones iniciales se orientaron a responder ante un enemigo con una marcada doctrina de seguridad ante la supuesta irracionalidad de las razones planteadas por los promotores para salir a marchar. Así, distintos funcionarios hicieron una fuerte presencia en los medios para asegurar que el Paro no tenía una razón de ser justificada.
Ante la falta de eficacia en estos discursos, se desencadenó una reacción en clave de seguridad que originó escenarios de represión y violencia estatal. Al igual que muchas acciones que se han visto por muchos sectores como desproporcionadas. Días antes del paro, el gobierno sacó publicidad con el numeral #MásColombia, mostrando imágenes de manifestaciones diciendo que eso restaba, mientras que trabajar, y no acatar el Paro, era sumar, promoviendo y afirmando que eran más lxs colombianxs que sumaban.[5] En igual sentido, afirmaron que el Paro estaba infiltrado por Venezuela y Rusia, haciéndolo parte de un plan mayor a nivel internacional.[6] El contexto regional de protestas en Chile, Ecuador y Bolivia generaron, sobre todo en el gobierno de Iván Duque, un miedo a que esto ocurriera como un fenómeno contagioso. Estos miedos son significativos en tanto que limitan la visión de lo que ocurre y motiva las marchas en el país, pero sobre todo porque a partir de ellos se pueden entender muchas de las respuestas o al menos las justificaciones del gobierno.
Un día antes del Paro Bogotá fue militarizada y se llevaron a cabo 27 allanamientos a artistas y activistas culturales. En su mayoría, estos allanamientos fueron declarados ilegales por parte de jueces,[7] lo que generó un ambiente de tensión y se incremento aún más con la expedición del Decreto 2087 por parte de la Presidencia. En dicho decreto se determinó que se podían tomar acciones, como toques de queda y fortalecimiento de las labores de inteligencia, entre otras,[8] para preservar el orden público.
El 21 de noviembre se dan las primeras marchas, que en su gran mayoría inician de forma multitudinaria y tranquila, pero se presentan algunos disturbios al final del día. Por estas razones, el 21 se decretó toque de queda en Cali y el 22 en Bogotá. Los toques de queda en estas dos ciudades se vivieron con características muy parecidas, en términos de que a una hora similar empezaron a entrar vándalos a conjuntos residenciales y se difundieron mensajes de WhatsApp para alertar y generar terror en la población. No obstante, no está claro si se trató de una estrategia planeada.[9] Las ciudades se militarizaron en dichos toques de queda y se establecieron duplas entre la policía y el ejército para patrullar por las calles. Los sentimientos generales eran el miedo y zozobra, los cuales intentaron contrarrestarse con la creación de redes vecinales y la solidaridad entre vecinxs.
De esta manera, las personas salen nuevamente a marchar el 23 de noviembre. En una protesta desarrollada en Bogotá fue herido Dilan Cruz —un joven de 18 años que participaba en las manifestaciones— por un oficial del Esmad que le disparó en la cabeza con un proyectil de kevlar con piezas de metal. Tres días después muere y se convierte en un símbolo de las protestas, una bandera frente al uso desmedido de la fuerza por parte de los organismos del Estado. Además de éste, otros hechos generaron gran indignación, como el caso de lxs jóvenes llevados en vehículos particulares por parte del Esmad[10] o la retención de unas profesoras y un asesor del Congreso en el aeropuerto cuando llegaban con un cartel con los nombres de lxs niñxs que murieron en el bombardeo en Caquetá.[11] Por estas razones, en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (cnc) el presidente y el gobierno nacional tienen un 72% de imagen negativa en cuanto a la forma de abordar el paro.[12]
Estas acciones evidencian que la doctrina del enemigo interno sigue incrustada en el Estado colombiano que continúa reaccionando a los escenarios bajo las lógicas de una guerra fría que se asume de vieja data, pero que se mantiene como un fantasma que ronda por los pasillos de nuestros países. Es posible, que este enquistamiento haya hecho que no se cuente con un Estado preparado para responder a la magnitud de un escenario como el Paro, que no haya pensado en cómo responder a las demandas ciudadanas, sino sólo en cómo reaccionar ante un enemigo.
Luego de dos semanas de protestas, el presidente Iván Duque anuncia como respuesta al Paro, lo que denominó la Gran Conversación Nacional, una plataforma que pretende que se presenten propuestas y recojan las demandas de la población, por medios virtuales y en espacios físicos, para que sean tramitadas por el gobierno. Sin embargo, hasta el momento los espacios no han logrado cumplir su mandato puesto que han sido vistos como un ejercicio unilateral en donde no se establece ningún diálogo y porque no se están resolviendo las demandas puntuales del Paro, lo que llevó al Comité Promotor del Paro a solicitar una mesa de negociación directa entre ellos y el gobierno. Habría que analizar esto con mayor profundidad y hacer un seguimiento a la nueva actitud del gobierno basada en el “diálogo social”. Estos análisis pueden contribuir con información interesante para el abordaje de los fenómenos sociales que permita redimensionar los movimientos y protestas sociales.
Es importante señalar que, en el marco de las negociaciones, el Comité ha recogido un pliego de peticiones que contiene más de 100 ítems, lo que refleja la complejidad, magnitud y variedad de demandas que se articularon alrededor del Paro. Este asunto tampoco ha estado exento de polémica, ya que se ha visto como una agenda poco realista para tramitarse a través de estas instancias. No sólo por la envergadura de lo que contienen sino por la falta de competencias del Ejecutivo para cumplirlas. Adicionalmente, el Comité Promotor del Paro entraña una complejidad al no ser reconocido por todos como un interlocutor válido para sus demandas. Esto abre al menos dos preguntas: ¿Hasta qué punto los espacios de negociación y conversación lograrán resultados concretos? ¿Las ganancias del Paro están en lograr reformas puntuales ahora o lo están en las posibles modificaciones de los procesos de participación y de cultura política en el mediano y largo plazo?
¿El surgimiento de nuevas culturas políticas?
Después de lo anteriormente mencionado, creemos que para nadie ha sido fácil leer el Paro, ya que las demandas, las manifestaciones y las mismas reacciones se han desbordado. Es un fenómeno que no se sabe cómo abordar, ni por parte del gobierno, ni por parte de la sociedad civil. Estamos ante una situación que hace que el Paro adopte unas características que lo hacen diferenciarse de otros escenarios de manifestación, inaugurando —tal vez— una nueva etapa de protestas en el país. Entre estas características podemos destacar que fue resultado de una cadena de manifestaciones sucesivas en el tiempo; que se dieron en varias regiones del país (aunque aún existe mucho rezago e invisibilización de los territorios “más alejados”); la innovación en cuanto a formas y lugares de protesta (el barrio, la casa, la ocupación de la calle, la fiesta como forma de manifestarse, etcétera); la confluencia de diferentes actores, que no se identifican con una línea política, y reclamos de diferentes índoles.
Es un escenario que más que respuestas trae muchas preguntas que pueden llevarnos a cuestionar si esto es o no el surgimiento de unas nuevas culturas políticas en el país. ¿Estamos ante el surgimiento de nuevas formas de organización y exigencia de demandas? ¿Cómo estudiar estos fenómenos? ¿Cómo abordar el hecho de que exista tal heterogeneidad de demandas y actores sociales involucrados? ¿Será éste un tema de cultura política que necesita trascender la idea actual de democracia? ¿Cómo se analiza la respuesta cambiante del Estado frente a estos panoramas? ¿Cómo entender que el Estado responde con modelos y visiones de lo político que ya no se están manifestando en los escenarios de protesta? ¿De qué manera se pueden canalizar estos descontentos y procesos de participación que parecieran abrirse para la construcción de procesos democráticos fuertes con una ciudadanía activa y que no se conviertan en un contexto de oportunidad para el ascenso de liderazgos políticos populistas y poco democráticos?