Las organizaciones por los derechos de las personas migrantes en Texas frente a Donald Trump

Rocío A. Castillo

Desde hace décadas, en Texas existen distintos esfuerzos de organización para conseguir mayores derechos para personas migrantes, sobre todo latinoamericanas en condición irregular.1 Algunos de estos esfuerzos se hicieron muy visibles durante las marchas de mayo del año 2006, durante las movilizaciones en contra de la Ley SB1070 de Arizona2 y las posteriores protestas frente a la posibilidad de la implantación de leyes similares en este estado. En el tema migratorio fue hasta el 2009 que se conformó una alianza estatal de organizaciones luchando a favor de los derechos de los migrantes en Texas. Esta organización llamada Reform Immigration for Texas Allice (RITA). Basada en El Paso, Texas y específicamente en la Border Network for Human Righs (BNHR) se formó con el fin de presionar a los legisladores, a nivel estatal y federal, por una reforma migratoria integral y en contra de inminentes leyes anti-inmigrantes como la SB1070 de Arizona. Desde entonces hasta nuestros días RITA, conformada por decenas de organizaciones de base migrante, organizaciones religiosas, organizaciones de lucha por los derechos humanos y otros alidaos políticos (sobre todo de ciudades como El Paso, Austin, Dallas, Houston y la región del Valle al sur del estado), sigue en lucha frente al incremento de las hostilidades frente a la comunidad inmigrante, en condiciones regulares e irregulares tanto a nivel estatal como federal. Actualmente, frente a la amenaza del presidente Donald Trump y su abierta xenofobia, estas organizaciones y coaliciones se enfrentan a mayores retos.

Por la relativa autonomía de los gobiernos a sus distintos niveles (sobre todo en términos de las ciudades), para las organizaciones en lucha por los derechos de los inmigrantes el nivel local ha sido uno de los espacios donde han logrado ganar más victorias, tanto en Texas como en otros estados del país (Varsany, 2006). Esto ha privilegiado el desarrollo de las llamadas ciudades santuario para inmigrantes a lo largo del país (como Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Nueva York, entre otras), pero también visibiliza lo difícil que es conseguir estas victorias a nivel estatal. De ahí que una de las principales promesas de campaña de Trump haya sido retirar el financiamiento federal a todas aquellas ciudades y universidades autoproclamadas santuarios para migrantes.

En Texas, estado en el cual no existen ciudades santuario oficiales, ciudades como El Paso, Dallas, Houston, y desde 2014 Austin, han dialogado con las organizaciones migrantes y establecido marcos de cooperación y protección de sus poblaciones inmigrantes y refugiadas. No obstante y como ha sido cada vez más visible, desde el gobierno estatal, estas victorias son desafiadas, sobre todo cada dos años durante las sesiones legislativas del estado. El gobierno estatal de Rick Perry (2000-2015) comenzó positivamenta al establecer la Ley SB1403 (o In-State Tuition Policy), poniendo a Texas a la vanguardia, al nivel nacional, al permitir a los estudiantes indocumentados a acceder a las universidades públicas como residentes; es decir, pagando colegiaturas más bajas que cuando eran considerados estudiantes internacionales. Esta ley comenzó a ser atacada desde el 2009 cuando la organización anti-inmigrante Immigration Reform Coalition of Texas demandó al sistema de educación pública superior estatal (Lone Star College System) por permitir el acceso a estudiantes en condición irregular. Esta ley no ha sido revocada, sin embargo en la sesión legislativa de 2013 y 2015 hubo propuestas de ley que lo intentaron. También hasta el 2011 cuando se votó en contra, en el estado de Texas las personas en condición irregular tenían la posibilidad de sacar y renovar licencias de manejo, pues no era un requisito obligatorio presentar documentación probatoria de estatus regular.

Así, es posible observar que del 2001 cuando Texas tomó la iniciativa de diálogo con las organizaciones migrantes, a la fecha, mucho ha cambiado. En la legislatura de 2011 se propusieron más de cien leyes anti-inmigrantes, algunas de ellas con los mismos objetivos que la ley SB 1070 de Arizona. En 2015 hubo varias propuestas y legislaciones que pasaron y que eran perjudiciales para aquellas comunidades de ciudades con una alta inmigración irregular. Ese mismo año el gobernador de Texas, Rick Perry lideró la demanda contra el presidente Barak Obama en relación al anuncio presidencial que ampliaba el programa DACA,3 instauraba el DAPA4 y cambiaba Comunidades Seguras por el programa Priority Enforcement Program.5 Asimismo a principios del 2014 algunas ciudades texanas dejaron de emitir certificados de nacimiento a recién nacidos cuyas madres se encontraban en condición irregular. Aunque legalmente el estado de Texas nunca aceptó como identificación oficial para la emisión de certificados de nacimiento las identificaciones consulares (tales como la matrícula consular mexicana), en la práctica, éstas siempre fueron aceptadas como identificación válida. Sin embargo, aproximadamente a partir del año 2013 algunas ciudades texanas comenzaron a ser más estrictas con las identificaciones que se podían presentar para obtener el certificado de nacimiento (Ura 2016). Del 2013 al 2015 cada vez más frecuentemente, el estado comenzó a rechazar la matrícula consular mexicana y los pasaportes extrajneros sin visa, dos de las identificaciones más comunmente portadas por inmigrantes irregulares, exigiendo en cambio la credencial oficial para votar vigente, un documento no siempre poseído por las personas en condición migratoria irregular. Este cambio de reglas pareció motivada por las acciones presidenciales de Barack Obama en términos de protección de los Dreamers, así como del crecimiento de llegadas de niños, niñas y adolescentes no acompañados venidos de centroamerica. En este sentido, como lo plantea Varsanyi (2006), ante el desacuerdo entre el estado de Texas con el manejo federal de la inmigracción irregular, se han establecido políticas a través de las cuales indirectamente se intenta controlar y excluir a las personas migrantes en condición irregular.

En este sentido el incremento de políticas hostiles, racistas y abiertamente xenófobas no es algo nuevo para las organizaciones en la lucha por los derechos de los migrantes. Ya desde hace varios años, como aquí he intentado mostrar, han ido en aumento, poniendo en mayor situación de vulnerabilidad a migrantes viviendo en este estado. No obstante, las organizaciones, aun frente a la amenaza Trump, siguen al pie de la lucha, articulando mensajes y estrategias para resistir y avanzar en el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos. Hasta la fecha las estrategias de RITA, como alianza estatal se basan en las siguientes dinámicas:

La presión a los representantes mediante demostraciones públicas de apoyo a las personas migrantes.
La presión a los representantes a través del lobbying con líderes de negocios cuyos intereses se relacionan a los intereses de las personas migrantes.
La elaboración de campañas informativas a representantes y a la comunidad no-migrante en general, sobre las condiciones de vida y los aportes de las personas migrantes.
Campañas informativas a las personas migrantes sobre sus derechos y estrategias de protección frente a las policías u otros órganos de gobierno.
La alianza con actores con capital moral como líderes religiosos y políticos relevantes.

Durante los últimos meses de la campaña electoral de Trump las estrategias no cambiaron, sin embargo, el mensaje sí. La abierta xenofobia, sexismo y racismo ha permitido a coaliciones estatales como RITA reconfigurar su mensaje incluyendo a diversos sujetos también vulnerados por la postura política conservadora del Partido Republicano. En este sentido en su más reciente campaña, impulsada a partir de diciembre de este año, titulada Texas Together, las organizaciones en lucha por los derechos migrantes se comprometen a una lucha no sólo por la justicia migrante, sino en contra del racismo hacia todas las comunidades de color, en contra de la discriminación a la comunidad LGTB y la comunidad musulmana. Así, más allá de los derechos de las personas migrantes, RITA se comienza a configurar como una coalición de organizaciones temáticamente variada que busca conformar un movimiento por la dignidad humana y la inclusión de todas las personas en el estado de Texas. Desde una mirada optimista, sólo una amenaza de tales proporciones podría unir a esta diversidad de comunidades afectadas. Queda preguntarnos, como investigadoras e investigadores cuál será nuestro papel, tanto en términos analíticos como políticos, frente a los retos que se vienen.

Referencias
http://bnhr.org/
https://www.facebook.com/RITA.ReformaMigratoriaYa/
Ura, Alexa 2016, “Texas reaches agreement with familis in birth certificate case”, The Texas Tribune, 25 de julio 2016. https://www.texastribune.org/2016/07/25/texas-agrees-to-resolve-birth-certificate-case/

Varsany, Monica W. 2006, “Interrogating ‘urban citizenship’ vis-à-vis undocumented migration”, Citizenship Studies, vol. 10, núm. 2, pp. 229-249.

Varsany, Monica W. 2008, “Immigration policing through the backdoor: City ordinances, the “right to the city”, and the exclusion of undocumented day laborers”, Urban Geography, vol. 29, núm. 1, pp. 29-52.

1 Utilizo el término condición irregular en vez de indocumentadas porque permite hacer una distinción entre aquellas personas que entraron a los Estados Unidos con documentos (como visas de turista, visas de trabajo, entre otras), pero cuya validez ya no es vigente, y aquellas que no. Especialmente desde una perspectiva sociojurídica esta distinción es importante, en tanto que las sanciones establecidas por el estado receptor son distintas para aquellos que excedieron la duración de su permiso que para quienes nunca obtuvieron uno.

2 La Ley SB170 o “Supourt Our Law Enforcement And Safe Neighborhoods Act” pasada por la legislación del estado de Arizona en 2010 establecía, entre otros puntos, que no traer consigo documentos de autorización migratoria en Arizona podía ser considerado un delito criminal, y otorgaba a las policías locales el poder de detener a cualquier persona “sospechosa” de estar en Arizona en condición irregular; es decir, basándose en estereotipos raciales.

3 Deferred Action for Childhood Arrivals.

4 Deferred Action for Parental Accountability.

5 El PEP o Priority Enforcement Program nunca fue puesto en marcha ni se hizo público su mecanismo, sin embargo se ha planteado que su objetivo era —bajo el marco del Programa Comunidades Seguras, a través del cual se establecieron mecanismos de cooperación entre autoridades policiacas locales y el departamento de inmigración para la deportación de sujetos en condición irregular y considerados peligrosos para la comunidad— se asegurara la deportación de personas que hubiesen cometido crímenes (no delitos menores u ofensas civiles).