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Clara Camps Calvet[1]
Universitat de Barcelona
Una represión política que tiene precedentes
La demanda de autodeterminación de Catalunya y el poder decidir sobre su futuro nunca ha tenido como respuesta, por parte del Estado Español, soluciones políticas. Ante la petición masiva de ejercer el derecho de autodeterminación y de acompañarlo de un proceso de democratización de las instituciones, la única respuesta del Estado Español ha sido la represión. Una cultura y unas actuaciones represivas, basadas en la excepcionalidad penal, se han impuesto como respuesta a un conflicto que es político. La cultura de la excepcionalidad no es nueva en los ordenamientos jurídicos europeos. Ya en los años 70, ante los fenómenos de la violencia política y el terrorismo, se construyó un subsistema penal de excepción (Rivera y Nicolás, 2005). Y tampoco es nada nueva en el caso del Estado Español, donde la izquierda abertzale, en el País Vasco, ha sufrido, y continúa sufriendo, una estrategia de acoso constante en el que todo vale. La supuesta finalidad del poder de acabar con el terrorismo de ETA ha justificado la utilización de todo tipo de medios, como acciones parapoliciales y extrajudiciales desde los años 70. El ejemplo más claro: los GAL[2]. El uso de la condena constante de la violencia permitió legitimar una estrategia de actuación del Estado basada en una visión político-militar del conflicto vasco, que escapó de la posibilidad de dirimirlo mediante la dialéctica política (Egaña y Giacopuzzi 2012). El proceso de deslegitimación de la violencia de ETA relegitimó el papel del Estado en el uso de la violencia. La separación entre los violentos y los demócratas, que en muchas ocasiones se convirtió en la separación entre los separatistas y los demócratas, ha sido el discurso dominante, y simplificador, que ha permitido poner en el centro la penalidad en lugar del debate político (Egaña y Giacopuzzi, 2012). El 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el fin de su actividad, pero esto tampoco significó ningún cambio en la legislación antiterrorista. Lejos de ello, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal profundizó en la excepcionalidad y destacó por una serie de medidas que pretendían combatir el llamado terrorismo yihadista, en respuesta a los atentados en París contra «Charlie Hebdo» que hubo en 2015.
La llamada «guerra contra el terror» y la lucha contra ETA han sido mucho más que una estrategia antiterrorista. Se trata de una estrategia que ha sido desbordada y ha pasado a tener efectos muy importantes en otros ámbitos, y así se ha adentrado en la configuración del Estado y de sus políticas de seguridad, al tiempo que se ha extendido más allá del fenómeno terrorista y ha invadido todo el ámbito jurídico en el Estado Español (Fernández de Mosteyrín, 2012; Serrano-Piedecasas, 1988).
La visión político-militar con que se ha enfrentado el conflicto de ETA, y también otros conflictos que han supuesto disidencia social, se ha alimentado de la naturaleza del Estado español conformado tras la guerra civil. No se puede pasar por alto que la Constitución, que fue aprobada en 1978, era el punto final de un proceso de transición. Pero la Constitución no acababa de romper con el pasado y nacía de un pacto con el viejo régimen franquista. Esto explica que ningún responsable político, policial, judicial, religioso, militar o económico de la dictadura fuera sometido a juicio, destituido o sancionado. Además, las Fuerzas Armadas habían puesto límites a cuestiones como la monarquía, la bandera y la unidad territorial (Casanova, 2012). Así, el proceso de transición hacia la democracia dejaba intacta la estructura de funcionarios, incluidos los del sistema judicial. Jueces y fiscales, que se habían mostrado tolerantes ante la violencia franquista y fascista, continuaban su carrera profesional, hasta el punto de que el cuerpo judicial franquista sería el que asumiría inicialmente las funciones que la Constitución atribuía al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (de hecho, el Tribunal de Orden Público franquista se transformaba en Audiencia Nacional). El poder de estos tribunales quedaba reforzado a partir de las elecciones del 1982 y se consolidaba con el sistema de turno de los dos grandes partidos en el Estado Español, Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En estas condiciones, los órganos judiciales superiores se nutrían de los candidatos elegidos por los dos partidos, candidatos que han terminado actuando en muchas ocasiones en función de sus intereses políticos (Fontana, 2015). También el Cuerpo Nacional de Policía del Estado mantendría muchos de los rasgos del cuerpo policial franquista, por ejemplo, en sus formas de reclutamiento y en una forma de organización rígida, jerárquica e incluso militarizada a nivel cultural y simbólico (Asens, 2004).
La celebración del referéndum del 1 de Octubre: resultado de una trayectoria movilizadora y democratizadora
Para comprender el movimiento independentista, el proceso hacia la independencia de Catalunya y la relevancia simbólica y política del referéndum del 1 de Octubre es necesario ser consciente del contexto de crisis económica e institucional que se vive, con fuerza, en el Estado Español alrededor de los años 2010 y 2011. Es precisamente también en estos años que el movimiento independentista va adquiriendo fuerza. De hecho, el movimiento independentista se iniciaba ya en 2006, como respuesta a un proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de Catalunya. El texto sufrió muchos recortes, y finalmente fue aceptado por el Congreso y el Senado españoles. Catalunya lo ratificaría el 18 de junio de 2006 en un referéndum en el que obtenía el 73% de los votos favorables (con una participación del 48,8%). El nuevo Estatuto entraba en vigor el 9 de agosto de 2006. Pero una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que se hacía pública el 27 de junio de 2010, afectaba 186 artículos del Estatuto y implicaba un retroceso respecto al Estatuto de 1978 (Fontana, 2015). El 10 de julio de 2010, una manifestación de más de un millón de personas, con el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos», mostraba su rechazo en las calles de Barcelona. Y enseguida se iniciarían una serie de consultas en todo Catalunya sobre la independencia del Estado Español. A partir de ahí, el movimiento independentista no dejó de crecer y mostró toda su fuerza en las diferentes diadas nacionales del 11 de septiembre. En marzo de 2012 se constituiría la Asamblea Nacional Catalana que sería la organizadora de las movilizaciones más multitudinarias a favor de la independencia. También, Òmnium Cultural –entidad cívica y cultural de Catalunya, nacida en 1961 en época franquista– ira cogiendo fuerza en estas movilizaciones.
Junto el proceso de democratización que suponían las consultas ciudadanas sobre la independencia, en el Estado Español, y también en Catalunya, se producían otros movimientos sociales que exigían “democracia real”. Aunque los primeros indicios de la situación de crisis económica en el Estado Español ya se habían hecho sentir en 2009, fue en mayo de 2011 que estalló un importante movimiento social en las plazas de varias poblaciones del Estado Español. El 15M y los movimientos sociales que lo siguieron (contra los desahucios, contra la reforma laboral, contra la austeridad y contra los retrocesos de los derechos de las mujeres) fueron una reacción contra la gestión neoliberal de la crisis y denunciaron claramente el nexo entre las elites económicas y unos gobiernos y unos partidos políticos que se sometían a estas elites. El lema de la convocatoria de manifestación de “Democracia Real Ya”, el 15 de mayo de 2011, era claro en este sentido: «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros». Se hacía una clara referencia a los derechos sociales y económicos y se daba a entender que, detrás de las operaciones del poder político y económico, había personas con derechos, personas que no eran mercancías. La democracia entraba así en una profunda crisis de legitimidad, y la misma deslegitimación acabaría dando lugar, en los años siguientes, a que aflorarán sus trapos más sucios: la corrupción como una forma de actuar demasiado corriente de muchos de los gobernantes y políticos. Así, pues, el 15M hacía una reconceptualización del término democracia como garantía de derechos sociales y libertades. Aquello de «nadie nos representa» suponía una ruptura radical y obligaba al movimiento a pensar, a proponer, a inventar nuevas formas y buscar nuevas soluciones. Era un punto de ruptura que requería una nueva autoorganización (Miró y Ruggieri, 2011). El 15M demostraba que la ciudadanía tenía y debía tener capacidad de autogestión y que quería hacer política real.
Ante estos conflictos, el Estado desarrolló un arsenal policial, judicial y legislativo para regular y reprimir la protesta. Una gran cantidad de casos relacionados con la protesta fueron judicializados; los cuerpos de antidisturbios no dejaron de crecer, a la vez que se perfeccionaron; casos represivos de gran repercusión social fueron denunciados ante los tribunales, pero la policía quedaba impune, y finalmente se aprobó una legislación, en 2015, que suponía una clara restricción de la protesta: la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la modificación del Código Penal. La represión era la última arma que le quedaba al Estado para garantizar del despojo de recursos, del que habla Harvey (2012, 2013), que requería la gestión neoliberal de la crisis ante un conflicto social que no dejaba de crecer.
La ola democratizadora que suponía la movilización en las calles penetró claramente en las instituciones. Tanto en el Parlament catalán como en el Congreso de los Diputados del Estado Español entraron nuevas formaciones políticas que pretendían recoger, en parte, el espíritu del 15M. En noviembre de 2012 entraba en el Parlamento de Catalunya una nueva formación política independentista y anticapitalista, la Candidatura d’Unitat Popular, con tres diputados. Su éxito se explicaba por el largo recorrido municipalista de la organización y porqué proponía una nueva forma de hacer política. La nueva formación planteaba que la institución tenía que ser útil para hacer de altavoz de las reivindicaciones de la calle. Sus intenciones quedaban lejos de gobernar, pero sí que la formación pretendía denunciar. En palabras de la propia formación, entraban en el parlamento “para levantar las alfombras” del poder instituido. En el Congreso de los Diputados español también se producirían cambios relevantes. La formación política Podemos[3], de izquierdas y que declaraba que quería democratizar las instituciones, encabezada por Pablo Iglesias, entraba con fuerza en sede parlamentaria el 26 de junio de 2016[4]. La formación planteaba la necesidad de ganar las instituciones y quería romper con las dinámicas de los partidos clásicos. Su irrupción suponía el final del bipartidismo (Partido Popular/Partido Socialista Obrero Español) en el Estado Español.
La entrada de nuevas formaciones políticas explicaba un nuevo sentir social que pedía una democratización de la sociedad y de las instituciones en un sentido amplio. Más derechos sociales, más libertades y más participación de la ciudadanía en la vida política eran las premisas. Cabe también resaltar que, en Catalunya, los movimientos hijos del 15M fueron capaces de introducir debates sociales claves en sede parlamentaria catalana a partir del 2013, y además sus posiciones fueron ganando terreno. Para poner algunos de los ejemplos más relevantes: en materia de orden público y policial, el Parlamento Catalán acabó prohibiendo las balas de goma en 2013; en materia migratoria, el Parlamento se acabaría posicionado a favor del cierre de los Centros de Internamiento de Extranjería en 2015; en materia social, en 2016 se aprobaba una ley de medidas urgentes para enfrentar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, así como la ley de renta garantizada de ciudadanía en 2017. Se trataba de leyes o decisiones parlamentarias que, en su mayor parte, acabarían siendo prohibidas por el Tribunal Constitucional.
A la vez, la causa independentista iba cogiendo fuerza en la sede parlamentaria catalana. De este modo comenzaba un proceso político, en el que se imbricaban sociedad civil, gobierno y partidos políticos, en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo catalán. La consulta del 9 de noviembre de 2014 y las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 fueron representativas de esta imbricación. En el año del 2014, el gobierno catalán encabezado por Convergència i Unió[5], el partido de derechas catalán, con el apoyo de tres formaciones políticas más, Esquerra Republicana de Catalunya[6], Iniciativa per Catalunya-Verds[7] y la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres[8], preparó una consulta no vinculante sobre la relación de Catalunya con el Estado Español que se celebraría el 9 de noviembre. Participaron en ella un total de 2.035.290 personas. Fue seguramente la primera actuación de desobediencia institucional respecto al Estado Español, frente a un Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta. El presidente del gobierno catalán, en aquel momento Artur Mas, y varios consejeros terminarían siendo condenados por delitos de desobediencia, con multas y a la inhabilitación temporal para cargos públicos. Las elecciones del 27 de septiembre de 2015 se plantearon, por parte de los partidos independentistas (CiU, ERC y la CUP), en clave plebiscitaria; si ganaba el “sí” se tendría que declarar la independencia de forma unilateral. Aunque los partidos independentistas ganaron en número de diputados, en el transcurso de la legislatura tomó fuerza la idea de convocar un referéndum para comprobar el acuerdo del pueblo catalán con la declaración de la república catalana. La sociedad se fue organizando para que lo referéndum fuera posible. Más allá del papel que ya jugaban la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se debe destacar que en 2017, pocos meses antes de la celebración del referéndum, nacieron los Comités en Defensa del Referéndum que se organizarían en cada barrio y población para que el referéndum fuera posible y que, después, de su celebración trabajarían para la construcción de la República y pasarían a llamarse Comités en Defensa del República.
La aprobación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, el 6 de septiembre de 2017, más la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica, el día 8 de septiembre de 2017, y después la celebración del referéndum el día 1 de Octubre de 2017, suponían el inicio de una represión sin precedentes en etapa democrática en Catalunya. La preparación del referéndum y su celebración eran un claro acto de desobediencia institucional que sólo se explica por la fuerza de la movilización en las calles. Sin ninguna duda, una gran parte de la población catalana se mostraba determinada y dispuesta a la desobediencia, porque quería decidir sobre la posibilidad de construcción de la República Catalana.
Días antes del referéndum, se iniciaba el proceso represivo: se abrían querellas contra miembros del gobierno catalán por los preparativos del referéndum, contra miembros de la mesa del Parlamento catalán por permitir votar y aprobar la ley del referéndum, contra la sindicatura electoral del referéndum, contra 712 alcaldes que habían comunicado la disposición a dejar locales durante la jornada del referéndum y contra entidades municipalistas por la preparación del referéndum. Además, se iniciaban detenciones contra altos cargos políticos, el decomiso de carteles y material de propaganda relativa a la opción del “sí” del referéndum, la identificación de ciudadanos, registros a imprentas, la prohibición de la página web del referéndum, la difusión de propaganda institucional del referéndum, la entrada en medios de comunicación que habían desatendido esta instrucción y la identificación de periodistas. El Ministerio del Interior del Estado Español llego a desplegar 6.000 policías, entre Policía Nacional y Guardia Civil, para hacer frente a los hechos que se dieron alrededor del 1 de Octubre. La operación tuvo un coste de unos 87 millones de euros, según el propio Ministerio del Interior[9]. Ante las constantes intervenciones policiales en los días previos al 1 de Octubre, la población defensora de la celebración del referéndum tuvo una actitud de denuncia y desobediencia ante las actuaciones policiales y el ingenio y la broma se hicieron presentes en las redes y en las movilizaciones. Ante los registros policiales, la gente respondía con una canción popular catalana para despedir a la policía. Ante una web del referéndum bloqueada, aparecían nuevas webs hackeadas. Ante la búsqueda de urnas por parte de la policía española, urnas escondidas en casas de ciudadanos y organización del 1 de Octubre en la clandestinidad. De hecho, la policía española nunca encontró ni una urna antes del día del referéndum. Así fue como casi todas las urnas llegaron con normalidad en los colegios electorales. Ante la presencia policial española en Catalunya, solo había un clamor: “Fuera las fuerzas de ocupación”[10].
Los sucesos previos al 1 de Octubre y las reclamaciones democratizadoras de los movimientos sociales de los años anteriores tuvieron claramente una influencia en lo que pasó el 1 de Octubre y en su relevancia simbólica. La autogestión, las redes movimientísticas construidas en Catalunya y el apoyo mutuo permitían que el referéndum fuera posible. En el 1 de Octubre, las urnas, símbolo de democracia, se enfrentaron a la brutalidad policial, símbolo de autoritarismo. La desobediencia pacífica aparecía como la única arma ante una violencia desatada de los cuerpos policiales. La población resistía ante los colegios electorales protegiendo las urnas de forma pacífica. Personas de diferentes edades y géneros, con las palmas alzadas o sentadas en el suelo con los brazos entrelazados, clamaban que querían votar y defendían el derecho a decidir de todo un pueblo. Las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil comenzaban sin intercambio de palabras y sin mostrar autorización judicial alguna de entrada y registro. Se actuaba, así pues, con una violencia absolutamente desproporcionada, brutal e injustificada[11], se daban golpes con las manos y los pies, se hacía uso de las porras sin respetar ninguna reglamentación policial y se hacía uso de pelotas de goma o de gases lacrimógenos con la voluntad específica de generar dolor físico y mental. Se generaba así un sentimiento de pánico y un choque emocional entre la población. Además, la policía no tuvo ningún reparo en intervenir con la misma violencia ante las personas más mayores o las mujeres, aprovechándose de la debilidad física que pueden suponer estas condiciones. Según el Departamento de Salud del gobierno catalán, fueron 1.066 las personas heridas por la violencia policial[12].
Tergiversar la realidad para imponer la excepcionalidad y acrecentar el nacionalismo español
La represión del 1 de Octubre fue condenada por una gran parte de la población catalana, por organizaciones de derechos humanos, por algunos partidos políticos españoles y por algunos actores internacionales. Pero nunca fue condenada por el gobierno español ni por partidos políticos como Ciudadanos[13]. El 1 de Octubre además llevó a varios ciudadanos que fueron agredidos a denunciar y a querellarse ante el juez. Amnistía Internacional denunciaba en mayo de 2018 que la Fiscalía General del Estado estaba obstaculizando la investigación sobre los hechos ocurridos en el 1 de Octubre[14]. Se puede afirmar, pues, que la violencia del 1 de Octubre y su condena no sirvieron para parar un Estado dispuesto a usar la represión a toda costa. La excepcionalidad penal se impuso para intervenir ante un conflicto de carácter político. Un discurso absolutamente criminalizador del movimiento independentista, y de la actuación de un gobierno y de unos partidos políticos que habían propulsado el referéndum, ha sido justificativo de una serie de medidas extraordinarias en el ámbito penal y político. Así se explica que el sistema penal haya sido un recurso constante, que haya habido una absoluta arbitrariedad en la interpretación de los tipos penales, que se haya exaltado a los cuerpos policiales y no se hayan denunciado las actuaciones que han vulnerado derechos fundamentales de la población, que se haya hecho uso de una jurisdicción única -como es la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo- en detrimento del juez natural, que haya habido una constante intromisión del sistema judicial en las decisiones del poder legislativo, que se haya amenazado con la intervención del ejército y que se haya hecho uso de la prisión preventiva contra líderes sociales independentistas y políticos. Es así como un poder, el judicial, que tendría que actuar como freno de los poderes del Estado, ha actuado superando lo márgenes del Estado de Derecho. Además, se ha producido la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que ha supuesto la intervención de la autonomía en Catalunya y la destitución del gobierno y el Parlamento. La aplicación de un artículo ha sido apoyada en bloque, el llamado bloque del 155, por el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos.
Un discurso criminalizador, superador del discurso del orden público que normalmente el poder usa para criminalizar a la disidencia y la protesta, ha servido para justificar la excepcionalidad penal. El gobierno del PP, con el PSOE y C’s, ha formado un bloque bastante consolidado que, junto a la mayoría de medios de comunicación con sede a Madrid y a la monarquía española, ha ido construyendo un imaginario social sobre el movimiento independentista, el gobierno y las fuerzas políticas que propulsaron el 1 de Octubre.
La estrategia de criminalización se ha basado en tres pilares acusatorios: la acusación de ser unos golpistas que se han saltado la ley y la Constitución Española; la acusación de que en Catalunya se vulneran los derechos democráticos bajo el pretexto de que los medios de comunicación catalanes manipulan y las escuelas y sus profesores adoctrinan, y la acusación de que se ha fracturado la convivencia en Catalunya, entre los catalanes que desean la autodeterminación y aquellos que se sienten españoles. A este discurso criminalizador le debemos sumar el hecho que la izquierda española (representada principalmente por Podemos) no ha tenido un papel activo en combatirlo y, en ocasiones, ha hecho una interpretación simplista del conflicto catalán, representando el movimiento independentista como resultado de una manipulación de un grupo de políticos de centroderecha.
En definitiva, las acusaciones descritas han permitido crear realidades políticas, penales y sociales. Ante el supuesto golpismo, ha sido posible, por decisión del Congreso de los Diputados del Estado Español y el Senado, la destitución de todo un gobierno y del Parlamento catalán, así como la amenaza de la intervención del ejército. Este supuesto golpismo también ha permitido justificar encarcelamientos preventivos de políticos y líderes sociales acusados de rebelión y sedición[15] y, en consecuencia, peticiones de penas que pueden llegar a ser de 15 o 30 años de cárcel. Juristas de todo el Estado Español ya han apuntado la arbitrariedad en las interpretaciones y en el uso de estos delitos. En el caso del delito de rebelión (articulo 474 del Código Penal español), el uso del delito no se justifica, porque en ningún momento se hizo uso de la violencia, y en el caso de la sedición (articulo 544 del Código Penal español), el uso del delito tampoco estaría justificado, porque en ningún momento los imputados inducieron, provocaron o protagonizaron ningún alzamiento tumultuario[16].
Ante la supuesta violación de derechos democráticos, bajo el pretexto de que los medios de comunicación catalanes manipulan y los profesores adoctrinan, destaca, en primer lugar, la amenaza de la intervención y el control de los medios de comunicación catalanes por parte del gobierno español, y, en segundo lugar, el uso del delito de odio para encausar a profesores. En relación a esta última cuestión, es destacable el uso arbitrario de los delitos de odio como arma para actuar ante opiniones sobre las actuaciones policiales. Pocos días después del referéndum, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguraba que el gobierno no iba a parar hasta que los que han “faltado al respeto” a la Guardia Civil y a la unidad constitucional del país “paguen judicialmente por ello” y sobre ellos “caiga el peso de la ley”. Asimismo anunciaba la creación de un gabinete jurídico específico para centralizar y canalizar todas las denuncias de posibles delitos de odio, ante el acoso que podrían sufrir tanto los agentes de Guardia Civil y la Policía Nacional como sus familias[17]. Las palabras del ministro se harían enseguida realidad. Varias personas pasarían a ser investigadas y citadas a declarar ante los tribunales acusadas de delitos de odio. Algunos de los casos más conocidos han sido: un concejal de una pequeña población catalana que fue imputado de un delito de odio por protagonizar una escena en la que aparecía con una nariz de payaso, al lado de la Guardia Civil, en denuncia de su intervención durante el registro del Departamento de Economía del gobierno catalán, el 20 de septiembre de 2017; un mecánico, de Reus, que fue denunciado por haberse negado a reparar el vehiculo de un agente de la policía después de los hechos del 1 de Octubre; un alcalde y seis regidores, también de Reus, denunciados por haber firmado un manifiesto en el que rechazaban la violencia policial, y cuatro bomberos y dos vecinos del mismo municipio acusados de haber participado en concentraciones ante la comisaría de la Policía Nacional y el hotel en donde se alojaban varios agentes. A todos ellos hay que añadir los profesores de la escuela catalana que también que han sido acusados de delitos de odio: ocho maestros de tres escuelas de la Seu de Urgell fueron investigados por haber debatido sobre el 1 de Octubre en clase, y nueve maestros del Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca, por haber hecho comentarios sobre las cargas del 1 de Octubre, que se considera que habrían violentado a alumnos del centro. Los denunciantes de los maestros han sido guardias civiles. El delito de odio, introducido en el Código Penal español para proteger a colectivos que han sido tradicionalmente discriminados o que han sufrido persecución[18], se ha convertido, gracias a un relato político que ha ido penetrando, en una forma de perseguir cualquier crítica o posicionamiento ante la actuación policial. Una crítica, la de la actuación policial, que en una democracia madura debe formar parte de la libertad de expresión y de la necesaria fiscalización de la ciudadanía del ejercicio del poder. En definitiva, la negación del derecho colectivo de autodeterminación ha servido como marco de negación de derechos políticos individuales, como la libertad de expresión. La persecución no ha sido solo en Catalunya. En el marco del Estado, cantantes de rap, “tuiteros”, artistas y periodistas han sido acusados y procesados por delitos de enaltecimiento del terrorismo o de injurias a la corona. Esto ha servido para reforzar la idea que la monarquía y la unidad de España son intocables y para indicar que la disidencia será castigada.
En este punto, también es importante destacar que la ciudadanía organizada en defensa de la construcción de la República Catalana también ha sido amenazada y perseguida bajo otras acusaciones que no son los delitos de odio. En concreto, destaca la criminalización y la persecución de los Comités de Defensa del República bajo el pretexto de que su acción puede ser tachada de terrorismo. Así, desde el Ministerio de Interior, se empezó a configurar un relato que aseguraba que sus actuaciones tenían un carácter “violento” y que eran «similares a los comités de defensa cubanos». En abril de 2018 la Guardia Civil iniciaba una operación para detener dos miembros de los CDRs acusados del delito de rebelión y terrorismo. Tamara Carrasco fue detenida y trasladada a la Audiencia Nacional acusada de coordinar las acciones de los CDR. El juez, finalmente, no le imputaría los delitos terrorismo y rebelión y le acusaría de un delito de desórdenes públicos. Pero la amenaza de que la movilización pacífica se podía convertir en terrorismo ya servía para instaurar el miedo entre la ciudadanía movilizada.
Finalmente, ante las acusaciones de que los ciudadanos independentistas han fracturado la convivencia de la sociedad catalana, se ha producido una exacerbación del sentimiento nacional español. La idea de la unidad de España ha sido exaltada, dando lugar a la presencia de grupos fascistas en las calles de algunas poblaciones catalanas. Los datos nos indican que entre el 8 de septiembre y el 11 de diciembre de 2017 se produjeron en Catalunya 139 incidentes violentos que tenían una motivación política en defensa de la unidad de España, 86 de los cuales eran agresiones que causaron 101 víctimas, con heridas de diferente consideración (Borràs, 2017). Estos actos han quedado en su mayor parte totalmente impunes. En Catalunya, posteriormente al 1 de Octubre incluso han aparecido los autollamadas Grupos de Defensa y Resistencia, que han protagonizado varias escenas para impedir que los ciudadanos que están en contra de la represión pudieran expresarse libremente. Así, se han dedicado a “limpiar” de lazos amarillos –símbolo de solidaridad con los presos y exiliados– el espacio público. Los incidentes de grupos fascistas se han reproducido, fuera de Catalunya, en varios de territorios del Estado Español. Pero lo más destacable es que el bloque del 155, incluyendo al PSOE, ha participado en manifestaciones a favor de la unidad de España, convocadas por Sociedad Civil Catalana[19], y a las que se han añadido varios grupos de ultraderecha.
La represión y el relato exaltador de esta represión por parte del poder político y judicial son factores explicativos de la fuerza de estos actos violentos. Las dinámicas y prácticas de control y castigo no sólo han acabado siendo aceptadas por la población (De Giorgi, 2006; Wacquant, 2004, 2012), sino que han sido capaces de crear realidad, categorías sociales, clasificaciones e imágenes (Wacquant, 2004, 2012). El discurso político del partido en el gobierno, el Partido Popular, no solo ha justificado la necesidad de medidas penales excepcionales y ha servido para criminalizar el catalanismo y el independentismo, sino que ha amenazado con actuaciones que nos acercan a medidas represivas propias de sistemas dictatoriales y que avivan evidentemente la violencia y el odio. El portavoz del partido PP, Pablo Casado, decía el 9 de octubre de 2017: “Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años». Casado hacía referencia al presidente de la Generalitat Lluís Companys, que declaró la creación del Estado Catalán en 1934 y que en 1940 sería fusilado por el franquismo[20]. Así, pues, un discurso avivado de violencia por parte del poder puede ayudarnos a explicar varios mensajes en las redes clamando, además de por el encarcelamiento, por la muerte de Carles Puigdemont, o representaciones públicas escenificando el fusilamiento del presidente catalán[21]. A ello es necesario añadir que los cuerpos de la Policía Nacional española y de la Guardia Civil también jugaron un papel clave en avivar este sentimiento de odio hacia Catalunya. Antes y después del referéndum del 1 de Octubre se hicieron virales algunos vídeos de varias poblaciones del Estado Español donde se podía ver como ciudadanos se despedían de guardias civiles clamando “A por ellos”, en referencia a la población de Catalunya, o a la misma guardia civil cantando “A por ellos” y “Yo soy español” cuando se dirigían en autocar hacia Catalunya[22].
En definitiva, el discurso acusatorio criminalizador del independentismo catalán ha servido para justificar lo que sí podemos llamar un “golpe de Estado” del poder judicial y legislativo respecto a Catalunya; para hacer un recorte de libertades básicas en democracia, como es la libertad de expresión, y también para introducir una ideología exaltadora de la unidad de España que ha generado catalanofobia y cultura del odio. Criminalizar y culpabilizar han sido estrategias de justificación y relegitimación de un Estado impregnado de un autoritarismo protector de los intereses de las elites económicas, de su caciquismo tradicional, del ejército, de la monarquía y del poder policial y judicial.
El derecho del pueblo catalán a decidir sobre su futuro, lejos de tener una respuesta política, ha tenido como respuesta medidas represivas absolutamente desproporcionadas. Se ha puesto en evidencia una transición incapaz de romper con estructuras y el espíritu cultural de lo que fue el régimen franquista. Una penalidad amenazadora que no respeta los principios garantistas se ha puesto en marcha para defender “la intocable unidad de España”. El “A por ellos” no es un anécdota; subyace en unas actuaciones de un sistema penal que han dejado en la intemperie la libertad de expresión y el Estado de Derecho, a la vez que ha jugado un papel simbólico clave, potenciador del crecimiento de una cultura del odio hacia aquellos que quieren decidir sobre el futuro de un pueblo que ha abierto marcos de pensamiento y de acción para construir República. En medio de una represión desenfrenada, las redes creadas “desde abajo” en este pequeño lugar de la orilla del sur del mediterráneo son esperanza para la construcción de un mundo acogedor, donde el odio y la represión no tengan cabida.
Bibliografía
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Wacquant, L. (2004). Cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.
Wacquant, L. (2012). La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad avanzada. En I. González (Ed.), Teoría social, marginalidad urbana y estado penal. Aproximaciones al trabajo de Loïc Wacquant (pp. 119–134). Madrid: Dykinson.
[1] Dra. En Sociología y profesora asociada en el Departament de Sociologia i Anàlisi de les organitzacions,
[2] Los Grupos Antiterroristas de Liberación fueron Agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se denominó terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y la izquierda abertzale. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, con el gobierno de Felipe González del Partido Socialista Obrero Español. Durante el proceso judicial se comprobó que los GAL estaban financiados por altos funcionarios del Ministerio del Interior.
[3] Podemos se fundó en 2014 y es un partido de izquierdas que plantea una nueva forma de hacer política garantizadora de una democracia real y de los derechos sociales.
[4] Podemos ya había conseguido, el 25 de mayo de 2014, cinco escaños en el Parlamento Europeo. Además, en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 varias formaciones municipalistas nuevas que se presentaban como candidaturas del cambio cogían fuerzas. La formación municipalista BeC, encabezada por Ada Colau, conseguía la alcaldía de Barcelona con once concejales. En Madrid, Manuela Carmena, con la formación de izquierdas Ahora Madrid, después de un pacto con el PSOE, conseguía la alcaldía. En Valencia, Joan Ribó, con la formación de izquierdas y catalanista Compromiso y con el apoyo del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y de Valencia en Común, se convertía en el nuevo alcalde de la capital valenciana. Ambos éxitos significaban el fin de muchos años de gobierno del PP en ambas ciudades.
[5] Convergència i Unió fue una federación de dos partidos políticos catalanes. Fue creada en 1978 como coalición y disuelta en 2015. Estaba integrada por Convergència Democràtica de Catalunya, de ideología liberal y de centroderecha, y Unió Democràtica de Catalunya, de ideología democristiana. Tuvieron la presidencia del gobierno catalán, con Jordi Pujol, de 1978 a 2003 y de 2010 a 2015 con Artur Mas. Paulatinamente, en 2011 y 2012, el partido se fue posicionado a favor de la independencia. En 2015 esto supondría una escisión de CDC y UDC. En 2016 se refundó como Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), y su renovación intentaba marcar un clara separación con las casos de corrupción en los que se había visto implicada CiU. Ideológicamente, el PDeCAT se definió como «demócrata, catalanista, independentista, europeísta y humanista». Del 2016 al 2017 ocupó la presidencia de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont encabezando la candidatura Junts pel sí.
[6] Esquerra Republicana de Catalunya es un partido histórico que se fundó en 1931 y que tuvo un papel muy relevante durante la II República. Es un partido de ideología republicana, independentista y socialdemócrata.
[7] Iniciativa per Catalunya Verds es un partido político cuyas influencias ideológicas iniciales provienen del comunismo (del Partido Socialista Unificado de Catalunya) y del ecosocialismo. Su partido de referencia en el ámbito del Estado Espanyol fue Izquierda Unida. A partir de 2015, sus siglas han ido desapareciendo para presentarse en candidaturas unitarias junto a los Comuns y Podemos.
[8] La Candidatura d’Unitat Popular es una organización política asamblearia de alcance nacional cuyo ámbito son los Països Catalans. Empezaría a cocerse ya entrada la democracia. Funciona de forma asamblearia y se define como independentista, socialista, feminista y ecologista. Su trayectoria es básicamente municipalista y entró en el Parlamento catalán en 2012.
[9] Águeda. P. (18 de enero de 2018). El despliegue policial en Catalunya por el 1-O costó 87 millones de euros. La Directa. Recuperado de https://www.eldiario.es/politica/despliegue-policial-Catalunya-costo-millones_0_730727107.html, el 5 de mayo de 2018.
[10] Es importante recordar que Catalunya des de 1983 tenía competencia plena en policía. El cuerpo policial propio de Catalunya son los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. Los movimientos sociales en Catalunya han denunciado en muchas ocasiones las actuaciones desproporcionadas del cuerpo de antidisturbios de la policía catalana. En fecha 27 de septiembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó en la que se ordenaba a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos de Esquadra impedir la utilización de locales para la celebración del referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat de Catalunya. Esta resolución fue recurrida por el Gobierno Catalán y que no era firme el 1 de octubre (Vehí, Salellas y Bernat, 2018). Los Mossos de Escuadra realizaron esta intervención sin el cuerpo de los antidisturbios y según, el mismo cuerpo, respetando los principios de proporcionalidad. La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, terminaría procesando el mayor Josep Luís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición. Para ver más información, consultar: https://www.eldiario.es/politica/Lamela-Trapero-sedicion-organizacion-criminal_0_757674454.html
[11] Son varios los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos que lo ratifican, como el informe de Human Rights Watch, el informe de Amnistía Internacional y el Informe del International Limited Observation Mission elaboraddo por The Hauge Centre for Strategic Studies.
[12] Benito, C. (20 de octubre de 2017). La Generalitat detalla las lesiones de los 1.066 heridos por las cargas policiales del 1-O. El Diario. Recuperado de https://www.eldiario.es/catalunya/Salut-presenta-informe-detallado-policiales_0_699230292.html, 5 de mayo de 2018.
[13] Ciudadanos nació a partir de la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya, creada el 2005, en Barcelona, por un grupo de quince intelectuales, profesores universitarios y profesionales de diversos campos. El partido ha ido creciendo en todo el Estado Español. Hoy tiene 32 escaños en el Congreso de los Diputados del Estado Español. Nacen para confrontar el independentismo e incluso el catalanismo. Se presentan como constitucionalistas y como opción alternativa por no ser corruptos. Aunque presentan de forma ambigua sus propuestas económicas y sociales, se puede afirmar que su apuesta política es neoconservadora.
[14] Amnistía Internacional España. (2017). 1 – O en Cataluña: obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza. Recuperado de https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*:*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=eur41100018&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and, 5 de maig de 2018.
[15] A finales de marzo de 2017, el juez Pablo Llarena hacía publica una interlocutoria en que procesaba por rebelión a 13 personas: Carles Puigdemont, presidente del gobierno catalán y a día de hoy exiliado en Alemania; Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno catalán, Carme Forcadell, presidenta del Parlament catalán y Jordi Turull, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Catalunya que se encuentran hoy en cárcel preventiva; los consejeros Joaquim Forn, Marta Rovira, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa, que a día de hoy tres se encuentran en el exilio, en Escocia y Bélgica, y cuatro de ellos en prisión provisional, y, finalmente, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, líderes sociales y representates, respectivamente, de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, que estan en prisión desde el 16 de octubre de 2017, y que en un inicio se les imputaba el delito de sedición. A Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, también consejeros, se les imputa los delitos de malversación de dinero público y desobediencia. Puig y Serret están exiliados en Bélgica. Los miembros de la mesa del Parlament Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, más las diputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, están acusados de desobediencia. Anna Gabriel se encuentra hoy exiliada en Suiza.
[16] Redacción El Salto (14 de noviembre de 2017). 120 juristas denuncian una “manipulación pocas veces vista” en la actuación de la Justicia en el caso catalán. El Salto. Recuperado de https://www.elsaltodiario.com/independencia-de-catalunya/120-juristas-denuncian-una-manipulacion-pocas-veces-vista-en-la-actuacion-de-la-justicia-en-el-caso-catalan, 5 de mayo de 2018.
[17] Redacción El Diario (8 de octubre de 2017). Zoido: «No pararemos hasta que los que han faltado al respeto a las fuerzas de seguridad paguen judicialmente». El Diario. Recuperado de https://www.eldiario.es/clm/tradicion-modernidad-Capital-Turismo-Rural_0_695030721.html, 5 de mayo de 2018.
[18] El código penal de 1995 incorporaba como agravante el artículo 22.4 CP, que incrementaba la pena por cualquier delito que se cometía por motivos discriminatorios, y fue en 2015 que se incorporó el delito de odio (art. 510 CP), que castigaba a quien provocara la discriminación, el odio o la violencia contra determinados grupos, por motivos discriminatorios. Fueron figuras muy cuestionadas debido a que podían constituir un castigo a la ideología.
[19] Entidad antindependentista con probados vínculos con dirigentes de la extrema derecha como la Fundación Francisco Franco, Somatemps, Plataforma per Catalunya, Vox o el Movimiento Social Republicano.
[20] Redacción El Diario. (9 de octubre de 2017). Esto es lo que ha dicho Pablo Casado sobre Companys. El Diario. Recuperado de https://www.eldiario.es/politica/Declaraciones-Pablo-Casado_0_695381110.html, 5 de mayo de 2018. Ver también: https://www.youtube.com/watch?v=xJr2Yb2siI8, 5 de mayo de 2018.
[21] Jiménez, F.J . (11 de enero de 2017). La ‘decapitación’ de Puigdemont en el Carnaval de Cádiz provoca la primera polémica del concurso. El Diario. Recuperado de https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/decapitacion-Puigdemont-Carnaval-Cadiz-polemica_0_728277643.html, 5 de mayo de 2018.
[22] Redacción El Público (26 de septiembre de 2017). «A por ellos, oé» para despedir a la Guardia Civil que marcha como refuerzo a Catalunya. El Público. Recuperado de http://www.publico.es/espana/referendum-despedir-guardia-civil-marcha-refuerzo.html, 5 de mayo de 2018.