Gabriel Tolentino Tapia[1]
Nos apuntan a los ojos. No quieren que veamos la realidad. Pero ellos no la ven. Nosotros la vivimos todos los días. Por es el pueblo despertó, porque no se puede seguir viviendo en estas condiciones
Mónica, Mamá de Cristopher Hernández,
chileno herido en los ojos por balas[2]
El presente texto no debe entenderse como una invitación a negar la discapacidad. Es preciso evitar interpretaciones que la conciben como un castigo o desdicha que despierta sentimientos como la pena y la conmiseración. Se trata de una condición que siempre ha existido y existirá mientras la humanidad continúe en la tierra. Por el contrario, la problemática y la crítica deben girar en torno al poder que el Estado ha tenido sobre el control del cuerpo y su producción con discapacidad o sin ella, en función de determinados intereses políticos y económicos.
En particular, me interesa manifestar el vínculo entre las violencias estatales, en gran medida estimuladas por la defensa del neoliberalismo, y la discapacidad en el actual contexto latinoamericano. Un primer aspecto es que comúnmente, cuando se habla de violencia, ya sea estatal o de cualquier otro tipo, el asunto de la discapacidad emerge sólo como efecto o secuela pero no constituye un punto analítico. A la inversa, deseo partir de considerarla como el eje de discusión.
Desde una perspectiva sobre el Estado, la discapacidad se halla paradójicamente entre el intento político de su cura o corrección y su incentivación por medio de las violencias. Por un lado, a través del aparato médico-rehabilitador, históricamente los Estados han buscado habilitar y rehabilitar a la población con cuerpos que salen de una falsa normalidad biológica y psíquica.[3] En esta tarea las grandes empresas globales como Teletón, cuyo origen en América Latina se remonta a la época de la dictadura de Pinochet en Chile, también entran en juego. Hoy y antes, en países como México se acostumbra a que los gobiernos, nacional y locales, otorguen dinero para que dicha institución privada realice una función que supuestamente les corresponde. Por otro lado, a través de su aparato represor, constantemente el mismo Estado genera marcas corporales de por vida que posiblemente produzcan discapacidad. Uno de los casos más recientes e indignantes es el de las personas que en Chile perdieron uno o ambos ojos a causa de la represión. Podríamos considerar que esta práctica expresa un ejercicio de dispersión y que al mismo tiempo intenta inhibir futuras manifestaciones.
También puede interpretarse como un mensaje político que busca el control social basado en formas de crueldad; es un acto de violencia que no llega a la muerte pero funciona como advertencia de ello. Simbólicamente pareciera que —como indica Mónica, la mamá de Cristopher Hernández— dañar la vista es una forma de cegar a la gente frente a un modelo económico neoliberal heredado de la dictadura.
Además de las pistolas de balas de goma y perdigón usadas sistemáticamente para causar daños oculares en Chile, durante las recientes manifestaciones en ese país, y también en Ecuador, los gobiernos estipularon la utilización de otras armas no letales como los artefactos sonoros que funcionan para dispersar a la gente.[4] Cuando decimos no letales significa que no causan la muerte (que hay que ponerlo en duda), aunque posiblemente dejen secuelas corporales a largo plazo.
Evidentemente los sucesos en Chile y en Ecuador no son casos aislados. Actualmente existe toda una industria de este tipo de armas empleadas por las policías de diferentes países. La represión social y opresión corporal produce y reproduce mercados económicos, así como un conjunto de políticas globales acerca del uso de la llamada fuerza pública, lo que incluye a las armas no letales.
La violencia estatal causante de lesiones corporales y afectaciones psicológicas discapacitantes, puede suceder rápidamente en contextos de protesta social como el visto recientemente en Chile y también en situaciones de conflicto y guerra que se han prolongado durante años o décadas.[5] En México, la violencia de Estado, directa o indirecta, vinculada con la supuesta guerra contra el narcotráfico y otras operaciones del binomio gobierno-crimen, también ha generado discapacidad durante más de una década.
En este caso, vale la pena recurrir a un par de anécdotas personales. Por un lado, cuando realizaba mi tesis de maestría sobre la movilidad cotidiana de personas que utilizan silla de ruedas, asistía a una asociación civil que ayuda a la gente a saber manipular esta extensión del cuerpo ante un contexto espacial y social que cambia poco o nada. En las entrevistas, una de las preguntas obligadas y sensibles era abordar cómo habían llegado a requerir una silla. Así fue como identifiqué que varias de las personas habían sido heridas con armas de fuego en diferentes contextos de violencia. En aquel momento, concentrado en otro tema, no le di mucha importancia.
Después, ya laborando en un proyecto sobre discapacidad, recuerdo que solía mirar las estadísticas. Me sorprendió que a diferencia de los datos de 2010 y otros años anteriores, en 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) reportara que la discapacidad en México se originaba también por violencia.[6] En este cambio influyó el enfoque del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad de la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas.
Anteriormente el inegi y otras tantas instituciones estipulaban que la discapacidad se producía por cuestiones prenatales, por enfermedad, por accidente o por envejecimiento. Sin embargo, aunque ahora se incluía la violencia, no había un documento metodológico en el que se explicara qué se entiende por ese concepto o variable según su lenguaje.
Como ejercicio de imaginación sociológica, comencé a pensar el vínculo entre las personas con silla de ruedas que había entrevistado y las estadísticas; ¿ellas habrán sido de las primeras en aparecer en esos números sobre discapacidad y violencia?; ¿la discapacidad por violencia estaría asociada con la llamada guerra contra el narcotráfico y otros tantos sucesos de crimen en la esfera pública nacional? Tal vez sí. En el actual contexto mexicano las personas son asesinadas, las desaparecen o son orilladas a vivir con marcas físicas y otras menos visibles.
Me parece que tanto en las estadísticas como en el concepto oficial de discapacidad, hoy ampliamente aceptado y difundido desde la Organización de las Naciones Unidas (onu), no se discute la relación entre violencias y discapacidad. En la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se estipula que ésta es “una condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Lo que la tibia definición deja de lado es que las deficiencias corporales, incluyendo las psíquicas, tienen un extendido origen social vinculado con diversas formas de violencia social y estatal que van desde la negligencia médica, los efectos de grandes proyectos económicos o los enfrentamientos armados y las guerras.
Finalmente, no debemos perder de vista que la violencia de Estado tendiente a generar discapacidad, como sucedió en Chile, constituye una respuesta a las protestas que se han levantado en contra de los reajustes de la derecha y las políticas neoliberales. En el mismo sentido, la violencia generalizada que en México ha dado lugar a la discapacidad, debe analizarse con más detenimiento bajo los procesos de articulación y compenetración del narcotráfico, el Estado y la economía neoliberal.[7]
[1] Doctorado en Antropología Social (ciesas-Ciudad de México), correo electrónico: <gabtotap@gmail.com>.
[2] Goldschmidt, Maxi, “Lo Hermida, la población más hostigada por Carabineros”, Revista Cítrica, publicado el 05 de diciembre de 2019, consultado el 15 de enero de 2020, disponible en <https://www.revistacitrica.com/mas-de-500-heridos-torturas-y-ninos-de-jardin-gaseados-por-carabineros.html>.
[3] La habilitación se refiere a la práctica de intentar poner en funcionamiento a un órgano o parte del cuerpo, cuya condición se asocia con factores prenatales. La rehabilitación es intentar hacer que un órgano o parte del cuerpo que fue afectado en algún momento de la vida vuelva a funcionar según los estándares médicos.
[4] Véase Cooperativa.cl, “Gobierno evalúa ‘línea de nuevas armas no letales’ para dotar a carabineros”, Cooperativa.cl., publicado el 04 de diciembre de 2019, consultado el 17 de enero de 2020, disponible en <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros /gobierno-evalua-linea-de-nuevas-armas-no-letales-para-dotar-a/2019-12-04/081232.html>; y El caminante, “Estamos listos para el uso de la fuerza y armas letales: ministro ecuatoriano de defensa”, El Caminante, medio alternativo y voz de los grupos progresistas, publicado el 11 de octubre de 2019, consultado el 17 de enero de 2020, disponible en <https://elcaminantehn.com/2019/10/11/estamos-listos-para-el-uso-de-la-fuerza-y-armas-letales-ministro-ecuatoriano-de-defensa/>.
[5] Organizaciones de derechos humanos y de médicos indicaron que fueron más de doscientos casos de daño ocular, situación que está por encima de fenómenos similares en periodos más amplios en contextos de guerra.
[6] inegi (2016), La discapacidad en México, datos al 2014, México, inegi, disponible en <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825090203 >.
[7] Sobre dicha articulación, véase Solís González, José L. (2013), “Neoliberalismo y crimen organizado en México: el surgimiento del Estado narco”, Frontera Norte, vol. 25, núm. 50; y Medina, Salvador, “Neoliberalismo mexicano: ambiente perfecto para el narco”, Revista Nexos, publicado el 26 de enero de 2015, consultado el 22 de enero de 2020, disponible en <https://redaccion.nexos.com.mx/?p=6733>.